Política
Indicó que el Ministerio del Ambiente está desarrollando un papel fiscalizador, en el que exige a la empresa reparar los daños causados, y que el procurador ambiental es quien tiene la capacidad de desarrollar juicios contra la empresa petrolera.
“El procurador ambiental realizará juicios a la empresa para que enfrente su responsabilidad civil, es decir, que tiene que pagar todo lo que el Estado gasta y todo lo que los trabajadores dejan de percibir por este derrame”, mencionó Montoya.
Multas administrativas
Además, el titular del Ambiente afirmó que las multas administrativas de la empresa Repsol pueden llegar a los 304 millones de soles, en el caso del derrame de petróleo en el litoral peruano.
“Hasta ahora no ha cumplido casi ninguna de las disposiciones administrativas, motivo por el cual se le ha impuesto una multa coercitiva que es pequeña, pero que así lo permiten las normas. Sin embargo, como siguen incumpliendo, se proyecta que al final las multas administrativas pueden llegar a 304 millones de soles”, señaló el ministro Montoya.
El ministro aseveró que la declaración de emergencia ambiental está acompañada de un plan de acción en tres ejes: el de laboratorio, que analizará científicamente los contaminantes y los límites; de salud, que está en coordinación con el Minsa; y el institucional, que tomará medidas para resolver los problemas de los habitantes.
Campaña multisectorial
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrolló una campaña de duplicados, renovación o rectificación del DNI en el distrito de Santa Rosa de Lima, una de las poblaciones afectadas por el derrame de petróleo en la costa norte del litoral peruano.
Esta institución se sumó a la campaña multisectorial de apoyo social “Cuido el mar, cuido mi salud” del Ministerio de Salud (Minsa), dirigida a los pobladores del asentamiento humano Profam, de la mencionada comuna, con el propósito de acercar los servicios registrales a las poblaciones más vulnerables.