Editorial
Para nadie es un secreto que en nuestra capital hay varias zonas donde se comercializan objetos obtenidos de forma ilícita, desde teléfonos celulares hasta dispositivos de cómputo y autopartes, lo cual ha contribuido al surgimiento de mercados negros que favorecen y estimulan la delincuencia.
Por lo tanto, la estrategia que aplicará el Gobierno para contrarrestar la comisión de delitos, como los robos, es coherente, ya que al desterrar los espacios de venta ilegales se elimina una de las formas empleadas por los delincuentes para comercializar los artículos sustraídos y obtener dinero.
No obstante, es preciso subrayar que ningún plan diseñado para combatir la receptación de artículos robados arrojará resultados positivos en tanto exista demanda, es decir, se requiere que las personas opten por no comprar objetos de dudosa procedencia.
En esa línea, cada ciudadano tiene la obligación moral de considerar el daño que estos actos causan, primero a las víctimas de los robos –algunos de los cuales incluso pueden tener consecuencias fatales–, así como a la sociedad en general porque estos ilícitos desmoralizan y atemorizan a la población frente a la delincuencia, y pueden también generar un equivocado y peligroso deseo de hacer justicia por mano propia.
Pero también se requieren sanciones más drásticas para quienes comercializan artículos robados, ya que el artículo 194 del Código Penal dispone penas benignas para los que reciban o vendan un bien de procedencia delictuosa y solo se aplica cárcel efectiva para las formas agravadas del ilícito.
Dado el problema que enfrentamos y teniendo en cuenta que el mercado negro fomenta la comisión de robos, urge que los legisladores se aboquen a este asunto y apliquen nuevas y más duras sanciones para quienes lucran con bienes ajenos.
El caso de los hurtos de teléfonos celulares es un buen ejemplo de la necesidad de combatir esta lacra social. De acuerdo con estadísticas del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), un millón 357,257 dispositivos móviles fueron sustraídos a lo largo del 2021, es decir, más de 3,600 unidades por día, muchos de ellos con violencia que ocasionó la muerte del propietario. Pese a ello, son muy pocos los delincuentes sancionados por tales delitos y la impunidad parece que fuera la regla y no la excepción.
Por lo expuesto, es positiva la intención del Poder Ejecutivo de abordar cuanto antes esta situación atacando a los mercados negros de comercialización, pero la solución debería ser integral y no centrar el esfuerzo en medidas aisladas que solo enmascaran una complicada realidad que afecta a toda la población.