Política
No obstante, precisó que si bien en un Estado de derecho existe el control constitucional de las resoluciones judiciales y el TC es la máxima instancia en esa materia, también hay otras instancias que hacen un control de convencionalidad, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene pronunciamientos emitidos que desde el Poder Ejecutivo se están evaluando.
En entrevista con un medio de comunicación, explicó además que el funcionario legitimado para recurrir a la Corte IDH es el procurador supranacional, que tiene autonomía y es quien deberá proceder con acciones legales en este caso.
Dijo que no se trata de estar o no de acuerdo con la sentencia del TC, sino que el tema de fondo es el control de convencionalidad, y el Estado peruano está sometido a los estándares internacionales sobre la materia. “Sé que hay expectativa por la decisión del Gobierno, pero hay que ser muy prudentes al tomar decisiones colegiadas”, refirió.
Descargos
Por otro lado, el ministro aclaró las dudas sobre su designación en el sector y afirmó tajantemente que ninguno de los hechos que se le pretende atribuir son ciertos.
Sobre el tema relacionado con la Universidad Pedro Ruiz Gallo, recalcó que es totalmente falso que haya sido condenado a ocho meses de prisión efectiva, y que lo que hubo fue una reserva de fallo de ocho meses suspendida, que es una sentencia no pronunciada, que fue apelada y, luego, la sala penal lo absolvió por unanimidad.
En relación con el patrocinio de una persona acusada por violación sexual de una menor de 14 años, dijo que asumió el caso tras corroborar que había sido sentenciada en Amazonas con una norma derogada.
Sin eficacia
El exdefensor del pueblo Walter Albán opinó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría resolver que la decisión del TC no tiene ninguna eficacia, por lo que se volvería a la situación anterior a la sentencia. Sostuvo que la instancia supranacional ya se pronunció ordenando que los tribunales peruanos ejercieran un control de convencionalidad frente a la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski, lo que motivó que la Corte Suprema anulara el indulto.