Política
El documento, firmado por el titular del Gabinete, Aníbal Torres, hace referencia a las propuestas que este lanzó en la reunión que sostuvo con los representantes de los comuneros, en Challhuahuacho, Apurímac.
Ellas comprenden el levantamiento del estado de emergencia, previo compromiso de las comunidades para restablecer la paz social y las acciones productivas.
También se ofreció en esa oportunidad instalar una mesa de diálogo y llegar a soluciones en los siguientes quince días, comprendiendo en ellas a la empresa minera, las comunidades y el Gobierno.
“Todos los involucrados nos comprometemos a asegurar el clima de seguridad y de paz”, refiere Torres en el documento.
Este se ha enviado a los presidentes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chuicuini, Choaquere, Chila, Huancuire, Pumarca y Chuquibambilla.
Asimismo, fue remitido al gobernador regional de Apurímac, y a los alcaldes de Tambobamba, Challhuahuacho y Coyllurqui, y al Ministerio de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, negó que se haya roto el diálogo entre el Gobierno y las comunidades que permanecen en los terrenos de la mina de cobre Las Bambas en Apurímac.
Afirmó que desde el Ejecutivo se ha formalizado una propuesta para levantar el estado de emergencia en la zona en conflicto a cambio de que se levante la medida de fuerza.
“Aquí nadie ha pateado el tablero, la propuesta ha sido clara y el premier, además, la ha oficializado a solicitud de los comuneros el día de ayer en un documento que ya es de dominio público”, señaló.
Orden interno
Mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia, por 30 días en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Se dispuso que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las FF. AA.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
La intervención de la PNP y de las FF. AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.