Política
Mediante un oficio dirigido a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, el Ejecutivo indicó que la ley afecta el ámbito de actuación de la Sunedu y el papel del Estado de garantizar la calidad de la educación superior, pues ya no tendría potestad para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas, que quedarían exentas de control de calidad, y de aprobar condiciones básicas de calidad.
Críticas
En adición a ello, advierte que la autógrafa atenta contra la imparcialidad, autonomía e independencia funcional de la Sunedu, al incorporar a tres miembros en su consejo directivo que representan directamente los intereses de los sujetos regulados (universidades públicas y privadas), y elegidos directamente por los rectores (instancias de gobierno de las universidades y presidentes de las asambleas universitarias).
Dicha situación implicaría el alejamiento del actual modelo de gestión de la Sunedu, que garantiza su imparcialidad y que, según el Tribunal Constitucional (TC), es constitucional; así como el acercamiento al esquema organizacional que tenía la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Perjuicio
Indica también que se generará perjuicio a las universidades públicas, pues dejarán de percibir financiamiento gestionado por el Minedu y, al reactivar el anterior esquema afecta su actual proceso de reorganización, el cual tiene como fin cumplir con el modelo de aseguramiento de la calidad en la educación superior.
“La autógrafa de ley vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia, al interferir en asuntos de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”, puntualiza el documento.
Contraproducente
El Ejecutivo advierte que, al retirar la rectoría del Ministerio de Educación sobre la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, dejándola acéfala, la autógrafa es contraproducente para la reforma del sector.Recalcó que resulta imprescindible que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto de un tema tan fundamental para el desarrollo del país como el universitario.
De igual forma, advierte que la autógrafa parte de la suposición errónea de que la Ley N° 30220 (Ley Universitaria) supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, ya que, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución.