Política
“El Congreso ha contribuido a fortalecer el Estado y evitar la impunidad frente a la corrupción”.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, manifestó que de esta manera el Congreso ha contribuido a fortalecer el Estado, a fin de evitar la impunidad frente a la corrupción y otros graves delitos cometidos por personas naturales y personas jurídicas utilizadas para su comisión.
Mayor sanción
Se explicó que las normas aprobadas robustecen la competencia de investigación del Ministerio Público para perseguir los delitos de soborno que involucran a empresas y personas jurídicas, sin estar condicionada a la evaluación técnica previa favorable que pueda emitir la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Asimismo, se mejora los alcances del modelo de prevención a implementar por las empresas y, además, se amplían los alcances de la Ley a los delitos aduaneros, tributarios, entre otros.
Las leyes aprobadas permitirán una mayor sanción para peruanos y representantes de personas jurídicas domiciliadas en el Perú que transgredan la línea de la legalidad y las fronteras del país para corromper a funcionarios en el extranjero, abriendo la posibilidad de fortalecer la cooperación jurídica con otros países.
En adición a ello, la regulación aprobada por el Congreso contribuirá a fortalecer el desempeño ético de los contadores, asegurando la potestad sancionadora del Colegio de Contadores a fin de que puedan sancionar a sus agremiados que incurran en las faltas que estos establezcan en el marco de su autonomía administrativa.
En razón de ello, el Gobierno saluda las normas aprobadas por el Parlamento y reitera su disposición a trabajar de manera conjunta con el Legislativo en los temas que resultan valiosos para los ciudadanos y los intereses del país.
Las normas aprobadas son iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo dentro del primer paquete de normas anticorrupción. Se trata de dos de las cuatro normas alcanzadas al Congreso.
Necesarios
La titular de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz de Núñez Izaga (APP), manifestó que el objeto de las normas “es fortalecer la lucha contra la comisión de los delitos que menciona la misma”.
Sostuvo que resulta necesario incorporar esas modificaciones “para sancionar a los administradores o representantes de personas jurídicas cuando utilicen cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para evitar casos como el de la caja 2 de Odebrecht”.