Política
En las observaciones preliminares y recomendaciones presentadas por el relator especial Pedro Vaca Villarreal, luego de su reciente visita al país, se refiere que en las elecciones generales 2021 se propalaron mensajes buscando amedrentar a personas específicas, además de que se difundió información personal confidencial y sin consentimiento de los afectados.
Caso inédito
El informe advierte, además, que se registraron campañas de desinformación que contribuyeron a la instalación de dudas sobre la transparencia de los comicios y los resultados de la elección.
En tal contexto, recuerda el informe, la CIDH otorgó una medida cautelar al presidente del JNE y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el Perú; también pidió la adopción de medidas necesarias para que pueda seguir desempeñando sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas.
“Como señaló en su momento la oficina de observación electoral de la OEA, las denuncias presentadas por el JNE son inéditas en la historia de las misiones de observación electoral, lo que da cuenta de la gravedad de lo sucedido”, refiere el documento.
El presidente del JNE afirmó que los continuos ataques al sistema electoral por parte de ciertos sectores solo buscan generar desconfianza en su labor, especialmente en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022) que se encuentran en curso.
Indicó que a las falsas versiones de fraude ahora se han añadido insinuaciones de supuestos actos de corrupción.
Libertad de expresión
En el documento, presentado ayer en Washington, sede de la CIDH, se formulan 15 recomendaciones preliminares al Estado, dirigidas a la adecuación del ordenamiento jurídico peruano y de las prácticas y políticas nacionales a las normas y estándares internacionales e interamericanos en materia de libertad de expresión.
“La Relatoría ha advertido un escenario político y social polarizado, donde persisten normas y prácticas que impactan negativamente en el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión”, indica.