Opinión
Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)
Lima es una ciudad de 10,000 de habitantes que genera a diario 26 millones de viajes. Esto que aparenta ser un número enorme y que parecería ser el origen del caos de nuestras calles está muy por debajo de otras ciudades latinoamericanas que bordean los 4 viajes por habitante cuando la tasa de viajes en Lima es de 2.6, lo cual significa, por increíble que parezca, que en nuestra ciudad existe aún una gran necesidad de viajes por cubrir.
Nuestro sistema de transporte es informal, inseguro y contaminante. El congestionamiento vehicular es uno de los principales problemas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos; esta situación se origina en el modelo del sistema de transporte público, así como en la mala gestión del transporte, que además de la perdida de horas y millones en producción y competitividad, atenta contra la vida y la salud.
La informalidad del sistema se origina en el marco legal y regulatorio, en la falta de institucionalidad y en la dispersión del uso de suelo, producto del crecimiento expansivo y no planificado de la ciudad, esto sumado al estado de la infraestructura vial y la inadecuada gestión y fiscalización del tránsito.
En cuanto al modelo, este se estructura a partir de tres actores: las empresas dueñas de las rutas, los propietarios de los vehículos afiliados a las empresas y, finalmente, un chofer y un cobrador que no cuentan con beneficios sociales, ni sueldo fijo y que alquilan la unidad, y son responsables de generar diariamente el dinero para sostener toda la operación.
Un sistema que genera que las miles de unidades velen por su propio interés y compita por los pasajeros, degradando el servicio y convirtiendo las calles en escenarios inseguros y caóticos. Frente a esto, la pregunta es ¿cómo enfrentar esta situación?
Una reforma del sistema de transporte pasa por construir una institucionalidad sólida, articulada en los diferentes niveles de gobierno y permanente en el tiempo; un proceso a largo plazo que generará costos económicos, sociales y políticos que se deben asumir. Este sistema debe ser seguro, confortable y sostenible, interconectando medios de transporte y priorizando a peatones y ciclistas.
La educación vial y gestión del tránsito también son esenciales, así como la vinculación entre la planificación urbana y el transporte. Finalmente, las empresas concesionarias de rutas deben formalizarse, contar con su propia flota y reconocer los derechos laborales de sus trabajadores.
Lima creció sin planificación y sin un sistema de transporte ordenado, resultando en el caos y la inequidad social en que vivimos, de los que solo podremos salir con una reforma integral que genere un beneficio colectivo que permita avanzar hacia una ciudad sostenible, segura y justa para todos.
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