Política
Es la primera vez que el Estado peruano contará con este tipo de política, cuya conducción, seguimiento y evaluación estará a cargo del Ministerio del Interior (Mininter). Este importante documento de gestión servirá como hoja de ruta para la lucha contra la delincuencia y la violencia.
El documento define los objetivos prioritarios y lineamientos orientados a reducir en alrededor de 10 puntos porcentuales los índices de victimización, es decir, la incidencia de delitos y violencias en la población. En el 2019 esta cifra superaba el 26% y se espera reducir a 17% hacia el 2030.
Objetivos prioritarios
Aborda la seguridad ciudadana desde la prevención del delito, control, disuasión, persecución y sanción del delito, y la reinserción social; respetando los enfoques de derechos humanos, el género, la diversidad cultural y las particularidades territoriales de las poblaciones que integran nuestro país.
Además, la PNMSC identifica cinco causas directas que explican la elevada victimización y propone cinco objetivos prioritarios para disminuirlas: incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencia cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población, mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana, reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos.
Asimismo, disminuir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población y, por último, disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales.
Esto implica potenciar 59 servicios que prestan diversas entidades del Estado, entre las que está la Policía, los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Interior; Justicia y Derechos Humanos; Salud; Educación; entre otros.
Mejoras
La PNMSC al 2030 se orienta principalmente en fortalecer servicios como la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro, el programa Vecindario Seguro, los programas de prevención de la PNP, los sistemas de videovigilancia integrados entre los gobiernos regionales, gobiernos locales, la Policía Nacional y los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
También plantea mejorar el patrullaje por sector e integrado a escala nacional implementando nuevas modalidades como drones y helicópteros, así como los operativos policiales para intervenir mercados ilícitos y el sistema especializado de justicia dirigido a las mujeres.