Editorial
Esta amenaza quedó graficada con claridad incuestionable el último 30 de junio, cuando el deslizamiento de parte de un cerro en el distrito de Chavín de Huántar, región Áncash, dejó como saldo 70 viviendas sepultadas y al menos 150 personas damnificadas.
Si bien afortunadamente no se registraron víctimas mortales, la emergencia pudo haberse convertido en un evento de dimensiones trágicas si por algún motivo los habitantes de las casas afectadas no hubieran tenido el tiempo suficiente para poner a buen recaudo sus vidas alejándose de la zona del derrumbe.
No obstante, no podemos permitir que las vidas de las personas estén supeditadas a la casualidad. Por ello, un evento de este tipo nos permite insistir en la necesidad de tomar las medidas necesarias para evitar la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable, como laderas de cerros o en lugares aledaños a ríos y quebradas, pues constituyen una amenaza latente para la seguridad de la población. En cualquier momento, un deslizamiento o una inundación podría cobrar la vida de cientos o incluso miles de seres humanos.
Un asunto de importancia como la seguridad en la construcción de viviendas tiene necesariamente que ser el resultado de estudios y de una planificación técnica responsable, la cual debe partir, en primer lugar, de la propia población, que no debe asentarse ni permanecer en zonas amenazadas por potenciales tragedias.
En muchos casos, la urgencia de contar con una vivienda lleva a las familias a no tomar en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) respecto a las zonas en donde no deben asentarse. Asimismo, la ausencia de recursos económicos, la informalidad y la inacción de algunas autoridades contribuyen a que las normas de seguridad no sean seguidas con celo y responsabilidad.
Corresponde ahora reubicar a los damnificados de la emergencia en Chavín de Huántar, así como determinar otras zonas, no solo en Áncash, sino también en el ámbito nacional, que representen un peligro latente para la población, con el propósito de disponer acciones en forma inmediata a fin de prevenir una tragedia que podría sobrevenir en cualquier momento.
Esta importante labor requiere, además, articulación con los gobiernos regionales y locales, que son las autoridades involucradas de forma directa con la problemática aquí reseñada y que deben hacer las gestiones posibles para evitar que la seguridad de las familias corra riesgos.
Nuestra historia es pródiga en ejemplos de tragedias que pudieron evitarse si se hubieran tomado cartas en el asunto a tiempo. Que ello no vuelva a ocurrir.