Política
Desde que se produjo el accidente, 20 instituciones públicas atendieron la urgencia ambiental, social, sanitaria y económica de la población, y avanzan en la recuperación de las zonas afectadas. El Gobierno articuló sus equipos ministeriales y atiende el problema con base en experiencias mundiales, con apoyo de expertos extranjeros, reduciendo los tiempos de remediación de daños y recuperación de las zonas impactadas.
Trabajo articulado
Desde que ocurrió el derrame, el 15 de enero de este año, hasta la actualidad, han venido trabajando en las zonas afectadas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) del Ministerio del Ambiente; así como la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud.
Además, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).
También, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) e Indeci, igual que la Dirección de Capitanías y Puertos (Dicap), entre otras.
Cuando se produjo el derrame de petróleo, las entidades supervisoras y fiscalizadoras del Estado llegaron al lugar a verificar in situ el daño ambiental y recoger información para determinar el impacto económico y social.
La PCM y la Dirección Desconcentrada del Indeci de Lima Metropolitana y Callao, con apoyo de las municipalidades de Ancón, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ventanilla, se abocaron a empadronar, inicialmente, a los pescadores y comerciantes afectados para organizar su atención urgente.
Apoyan demanda
Organizaciones de la sociedad civil respaldaron la demanda que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interpuso a Repsol, al considerar que existe desidia de la transnacional por acelerar los procesos de remediación ambiental en el mar de Ventanilla y la poca intención por indemnizar a la totalidad de personas afectadas. Esta semana el Indecopi debe sustentar ante la Corte Superior de Justicia de Lima la demanda contra Repsol, en la que pide una indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual por 11,403 millones de soles y una segunda indemnización por daño social, moral y colectivo.