Opinión
“[...] resulta indudable que Quellaveco es representativo del gran potencial de la minería en nuestro país, cuya cartera de proyectos pendientes asciende a cerca de 53,000 millones de dólares [...]”.
Considerado uno de los cinco yacimientos de cobre más grandes del mundo, Quellaveco implicó una inversión total de 5,500 millones de dólares, monto equivalente al 2.4% del producto bruto interno (PBI) nacional. Además, está previsto que generará 2,500 puestos de trabajo en la etapa de operación.
En cuanto a los estimados de producción, la empresa operadora Angloamerican destacó que alcanzarán 300,000 toneladas métricas de cobre al año, monto equivalente al 15% de la producción nacional de este mineral.
El inicio de operaciones de Quellaveco tendrá un efecto dinamizador de la economía de Moquegua, que duplicará su canon minero, y de toda la región sur. No obstante, tal beneficio será extensivo a todo el país, pues las estimaciones apuntan a que contribuirá con un 0.7% al PBI en el 2023, con posibilidades de aumentar en los próximos años.
Por estas razones, es indudable que la puesta en marcha del proyecto representa una buena noticia, especialmente porque alimenta los motores de nuestra economía y le permite continuar avanzando y recuperarse tras el frenazo ocasionado por la pandemia del covid-19 y la subsecuente crisis global.
Resulta indudable que Quellaveco es representativo del gran potencial de la minería en nuestro país, cuya cartera de proyectos pendientes asciende a cerca de 53,000 millones de dólares, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Además, de acuerdo con el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), concretar esas iniciativas nos permitiría generar 3.9 millones de empleos, ingresos adicionales para el Estado por más de 85,000 millones de soles mediante impuestos y contribuciones y alcanzar el desarrollo hacia el 2031.
El gran desafío es lograr que dichos proyectos se concreten y para ello es imprescindible trabajar en un contexto social favorable a la minería, pues la experiencia de los últimos años nos demuestra que la imposición genera una inestabilidad perjudicial para el sector.
El Estado cumple su función de establecer las condiciones jurídicas y económicas favorables para la inversión y corresponde a las compañías del sector mejorar sus procedimientos y garantizar que sus operaciones no dañen el medioambiente ni los recursos empleados por las comunidades para su subsistencia. Ello contribuirá a ir borrando décadas de malas prácticas y abusos, así como a generar el consenso social requerido para estas actividades.
La minería ha desempeñado un papel central en la historia económica del Perú y es necesario aprovechar, en tanto no cambie nuestra matriz productiva, sus beneficios y oportunidades, sin dejar de exigir formalidad, modernidad y responsabilidad social.