Política
En un pronunciamiento público, refirió que los fiscales no son actores políticos sino operadores de justicia e investigan a partir de los hechos, no de las personas.
“Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, refirió la fiscal de la Nación.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, apuntó. Indicó que las investigaciones que realiza el Ministerio Público han permitido encontrar graves indicios de la existencia de una presunta organización criminal en el gobierno.
Dato
Benavides detalló que la denuncia constitucional se sustenta en el descubrimiento de la presunta obtención de beneficios económicos por nombramiento en puestos claves.