Política
“No nos ha elegido el pueblo para estar en conflictividad, eso es ser enemigo del Perú”.
“Quiero invocar a las personas de buena fe, sean civiles o servidores del Estado, y a todos los poderes del Estado, defender la democracia y el Estado de derecho, y respetar la voluntad popular que eligió a Pedro Castillo por cinco años”, señaló.
Indicó que el Ejecutivo y el Congreso se necesitan uno al otro y corresponde que trabajen juntos.
“No nos ha elegido el pueblo para estar en conflictividad, eso es ser enemigo del Perú. Queremos que el Perú camine”, señaló Torres en conferencia de prensa junto a ministros de Estado.
Además, integrantes del Gabinete Ministerial hicieron un llamado para que se terminen los enfrentamientos y la conflictividad en el país.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, sostuvo que el enfrentamiento puede significar un gran obstáculo para la reactivación del país tras la emergencia sanitaria.
Por su parte, el titular de Trabajo, Alejandro Salas, sostuvo que este es el país de todos, no del Gobierno o del Congreso, por lo que instó a dejar de lado la conflictividad y buscar más bien la unidad, para forjar un mejor país.
En tanto, el ministro de Justicia, Félix Chero, insistió en que el Jefe del Estado no puede responder por actos de terceros y que no se puede buscar una “quinta causal” para denunciar al Presidente de la República, en relación con lo que establece el artículo 117 de la Constitución.
Inocencia se presume
Por otro lado, el jefe del Gabinete recordó que los intentos de vacancia presidencial han fracasado repetidamente y que los cuestionamientos sobre las elecciones generales nunca se probaron, pues no hubo fraude.
“Formaron una comisión por el supuesto fraude, eso fracasó, no llegaron a ninguna conclusión. Quién les iba a dar la razón si el fraude no existió, las elecciones fueron legítimas”, enfatizó Torres.
Respecto a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el Mandatario, sostuvo que es totalmente improcedente porque no se ajusta a los términos del artículo 117 de la Constitución, que precisa los delitos por los cuales se puede acusar judicial y políticamente a un presidente.
Lamentó, además, que desde la Fiscalía se haya llegado al punto de afirmar que “el que se cree inocente que lo pruebe”.
“No se puede hablar en esos términos, no se prueba la inocencia, sino la culpabilidad. La inocencia se presume, no se puede coger a tal persona y decirle prueba que eres inocente”, aseveró.
Primar la razón
Torres dijo confiar en que primará la razón en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que verá la denuncia constitucional presentada contra el Jefe del Estado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones, informó que en su sesión ordinaria de este viernes verán la denuncia contra el presidente Pedro Castillo.
“Yo creo que allí [en la subcomisión] van a primar la razón y el conocimiento de la materia. Y va a primar la estabilidad política que necesitamos tanto en el país para poder tener crecimiento económico y, mediante el crecimiento económico, desarrollo social”, señaló.
Inversiones garantizadas
El jefe del Gabinete afirmó que en el Perú la inversión privada nacional y la internacional están plenamente garantizadas por el Gobierno.
Indicó que en los últimos días se produjo “un pequeño ruido” con el asunto de la entrada en funciones de la minera Quellaveco.
“Hemos sido sumamente claros de que en el Perú la inversión privada, nacional y extranjera, está plenamente garantizada por el Gobierno, plenamente garantizada”, manifestó.
Al respecto, explicó que en nuestro país se respeta la propiedad privada, así como la iniciativa privada, lo que se sustenta en la economía social de mercado que está en la Constitución.
Además, sostuvo que los conflictos sociales serán resueltos por el Gobierno con el diálogo, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha. “Y donde no hay diálogo entra a tallar el derecho”, añadió.
Cifra
10 días hábiles tendrá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para calificar denuncia.