Derecho
A la fecha, aquella comisión que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi trabaja con cerca de 900 orientadoras judiciales distribuidas en 16 cortes superiores, esperando en el presente año aumentar su número para que brinden apoyo en otras circunscripciones de la judicatura. Esto teniendo en cuenta que el desafío es que existan en todas las 35 cortes superiores del país.
Las orientadoras judiciales son lideresas comunitarias, de organizaciones sociales de base y representativas de sus respectivas comunidades, que a modo de motores y agentes de cambio, voluntariamente y de forma gratuita contribuyen con el mejoramiento del acceso a la justicia, superando las barreras a las que se enfrentan las personas vulnerables al momento de hacer valer sus derechos ante el sistema judicial.
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En ese contexto, orientan y apoyan a las víctimas de violencia, para lo cual han sido y son capacitadas permanentemente en los temas de violencia, habiendo tenido que aprobar los exámenes, a los cuales fueron sometidas en los cursos de capacitación que recibieron para su formación y acreditación.
“De tal manera que cuando se presenta un hecho de violencia en el lugar donde ellas viven, las personas que sufren violencia inmediatamente acuden hacia donde ellas están, identificadas con un chaleco y ya certificadas por el Poder Judicial”, indicó Tello Gilardi.
Conforme con el Reglamento de la Orientadora Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 004-2020-CE-PJ, para ser tal se requiere ser mujer mayor de edad, saber leer y escribir, acreditar su participación activamente en su comunidad u organización social de base, ser ciudadana y no autoridad elegida por voto popular. Además, se necesita contar con el apoyo de una organización con fines lícitos, que garantice su buena conducta, honorabilidad y ética, aprobar el curso de formación para orientadoras judiciales y, haber sido acreditada, luego de la aprobación de dicho curso.
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