Derecho
Periodista
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Al efectuar un balance de la implementación de la Ley del Servicio Civil en la administración pública, la presidenta ejecutiva de Servir, Janeyri Boyer Carrera, sostuvo que se necesitarán algunos ajustes normativos en el tema.
“Por ejemplo, uno de esos ajustes es que en esta progresividad del pase de las instituciones al régimen del servicio civil planteamos que entre el 2023 y el 2025 se incorporen en forma obligatoria 48 entidades para que podamos monitorear directamente el proceso”, afirmó.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, Boyer reveló que parte de las lecciones aprendidas por el ente rector es que la voluntariedad implica que las entidades finalmente no se comprometan con este tema.
“Hay algunas otras mejoras que tenemos que hacer, esas son básicamente a nivel de reglamento de la Ley del Servicio Civil y que ya las tenemos identificadas, trabajadas, pero sí es importante esta cocreación final con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por obvias razones. Todo lo que tiene que ver con el servicio civil implica presupuesto”, aclaró.
La funcionaria detalló que este primer grupo de 48 entidades estaría vinculado a la reactivación económica y al acompañamiento de proyectos sociales en los ámbitos nacional y regional. “¿Por qué no los gobiernos locales? porque todavía no tenemos el reglamento de compensaciones o remuneraciones para estas instancias”, señaló.
“Entonces, este tema de la obligatoriedad lo hemos comentado al Ministerio de Economía y Finanzas y esta gestión de Servir estaría dispuesta ya a poder trabajar en su publicación”, aseguró la presidenta ejecutiva.
En la actualidad, refirió, existen 14 entidades que están dentro de la Ley del Servicio Civil, “de las cuales en estos dos últimos años de mi gestión entraron seis, y hay aproximadamente 1,060 posiciones en el régimen, cerca de 450 se sumaron en el mismo periodo, pero somos conscientes de que esa cifra tiene que seguir creciendo para poder evidenciar que funciona este régimen”.
“Ya hicimos un primer esfuerzo de simplificación del proceso porque en el tránsito, primero, entran las entidades al nuevo régimen y después una vez que la institución se prepara, tiene sus instrumentos de gestión con los perfiles, recién ingresan los servidores mediante los concursos”, explicó.
Boyer admitió que toda esta etapa previa fue pensada con una muy buena intención, pero era demasiado engorrosa. “Por lo tanto, ya hicimos un primer esfuerzo de simplificación en el primer año de esta gestión, pero ya no da para más”, enfatizó.
“Nosotros hemos trabajado en una pista de 3 carriles. El primero tiene que ver con la redefinición de este tránsito de las entidades para poder hacerlo más rápido. Incluso, ya la presentamos al MEF, están de acuerdo y estamos conformando equipos tanto del ministerio y de Servir para afinar el planteamiento”, sostuvo.
En segundo lugar, dijo, se presentó una propuesta de implementación para las 14 entidades que ya están dentro de la ley y que no necesitan ningún ajuste normativo, pero sí se requeriría de una inyección de cerca de 100 millones de soles y mucha voluntad política. “El MEF también estuvo de acuerdo y estamos en un proceso de afinar la iniciativa”, anotó.
“Una tercera vía, que también es super importante, tiene que ver con la carrera. Tal y como está en este momento el régimen de la Ley de Servicio Civil tiene una carrera, es más, el modelo es bien interesante, porque no solo es de progresión vertical, sino también transversal entre entidades, pero como diríamos en gestión pública ‘falta generar las zanahorias’ para que exista una mayor movilidad y además que no solo pueda haber una progresión entre niveles”, aseveró.
Boyer manifestó que Servir está proponiendo al MEF que se creen los subniveles, mediante los cuales los servidores puedan progresar si es que tienen, por ejemplo, una buena evaluación y gestión del rendimiento en el año, si cumplieron con sus metas y mostraron algún desarrollo profesional.
La Ley N° 30057 tiene como objeto establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades del Estado, así como para aquellas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de las instituciones.
La finalidad es que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad mediante mejores servidores estatales, así como promover el desarrollo de las personas que integran el régimen que se aprobó con la citada ley.
De acuerdo con la norma, el régimen se aplicará a las entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos; Poder Legislativo; Poder Judicial; gobiernos regionales; y gobiernos locales.
Se suman los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; así como las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público.
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