Editorial
De acuerdo con esta entidad, se llevarán a cabo todas las gestiones pertinentes ante las autoridades de ese país con miras a que se proceda cuanto antes a extraditarlo.
De acuerdo con la Fiscalía, Toledo –quien gobernó el país entre el 2001 y el 2006– recibió un soborno de 32 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de los tramos 1 y 2 de la carretera Interoceánica.
El testimonio de este pago ilegal fue brindado por Jorge Barata, exrepresentante de la mencionada empresa, ante el equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso y cuyos integrantes obtuvieron, además, las declaraciones inculpatorias de personajes ligados al exmandatario que habrían participado en la triangulación del dinero mal habido.
Toledo siempre ha negado los cargos y aduce ser víctima de una venganza montada por sus enemigos políticos. En todo caso, su próxima llegada al país le brindará una nueva y definitiva oportunidad para defenderse de las acusaciones en un proceso legal que tiene que garantizar el debido proceso.
Por ello, el exmandatario debería ser el principal interesado en no poner trabas al proceso de extradición y allanarse a este con el fin de agilizarlo, puesto que de ese modo podrá cuanto antes dar la cara y probar la inocencia que clama.
Asimismo, corresponde a los órganos de justicia garantizar que la causa a la que será sometido ofrezca las máximas garantías del debido proceso, con el propósito de que la sentencia sea inobjetable desde el punto de vista jurídico.
Sin duda, lograr ese cometido será de suma importancia para el propio Poder Judicial y nuestro sistema de justicia, puesto que está pendiente también procesar a otros presidentes de la República que enfrentan investigaciones fiscales por diversos delitos, presuntamente cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
En ese contexto, la instrucción judicial a Toledo debe ratificar el buen precedente que sentó el juicio intachable al que fue sometido el expresidente Alberto Fujimori, el cual es criticado solo por sus partidarios, pero que en contraparte es reconocido por expertos en la materia como un hito internacional en el cumplimiento de estándares internacionales de independencia, justicia e imparcialidad.
Por el bien de nuestro país, es necesario que la justicia se abra paso y se devele la verdad. Conseguir tal meta, además, fortalecerá la democracia, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y se enviará el poderoso mensaje de que la justicia tarde o temprano alcanzará a quienes traicionen la confianza de la población y usen al Estado en provecho propio.