Derecho
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
De acuerdo con el documento, que se aprobó mediante la Resolución N° D00036-2023-Conadis-PRE, se abordarán la accesibilidad al medio físico; empleo; accesibilidad en la educación; presupuesto público; accesibilidad a los medios de transporte; y accesibilidad en la comunicación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
El plan recalca que las actividades previstas no solo buscan determinar el grado de eficiencia de la norma, sino también promover en los administrados la realización de acciones propositivas que permitan el cumplimiento de los imperativos legales que en materia de discapacidad les son exigibles para lograr la igualdad de hecho de las personas con esta condición en el Perú.
Tareas
El plan explica que el eje de accesibilidad al medio físico busca evaluarla en el espacio urbano y edificado, de acuerdo con la Ley N° 29973, así como el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas complementarias, a fin de asegurar entornos seguros para las personas y prioritariamente para las que presentan algún tipo de discapacidad; e interactúen en su desplazamiento de una forma autónoma y autovalente posible.
Para tal fin, la Subdirección de Fiscalización del Conadis, en el contexto del Plan Estratégico Institucional-PEI 2022-2026, prevé priorizar las fiscalizaciones efectivas en las plataformas de atención al usuario de las sedes principales de los 25 gobiernos regionales y las 196 municipalidades provinciales, mediante labores presenciales y de gabinete sobre la base de la Norma Técnica A.120 ‘Accesibilidad Universal en Edificaciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones.
En cuanto al eje de empleo, el plan recuerda que la política de integración laboral de las personas con discapacidad, con la que se facilita su acceso al mercado de trabajo, constituye un aspecto fundamental de su inclusión social.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, las instituciones están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Para el cálculo de esa cuota se considerarán todos los regímenes laborales de los servidores en la entidad.
Verificación
Para tal efecto, la norma dispone que, con anterioridad a cualquier convocatoria, las instituciones verificarán el cumplimiento de la cuota de empleo. En caso se compruebe su incumplimiento, deberá considerar para las convocatorias de selección de empleados que en el escenario de presentarse un empate entre postulantes con discapacidad y sin esta condición, se priorizará la contratación de los primeros en cumplimiento del beneficio de la cuota laboral.
El plan señala también que la inclusión educativa constituye un desafío no solo en el Perú, sino también en sociedades que creen y abogan por un sistema de enseñanza de calidad para todos, y por una sociedad igualitaria y justa.
[Lea también: PJ advierte que conducir ebrio puede sancionarse hasta con 8 años de cárcel]
En el país, advierte, aspirar a un sistema inclusivo representa una empresa bastante complicada, sobre todo cuando se aborda la temática de la discapacidad. “Pasar de un modelo educativo segregado a uno de inclusión es un proceso difícil que implica no solo un alto costo monetario, sino también una evolución en el propio sentido de la concepción del ser humano”, anota.
Tras las dificultades de la pandemia del covid-19, desde el 2022 se dispuso el retorno a clases presenciales en la educación básica, “haciéndose necesario las fiscalizaciones in situ en las instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria y secundaria, respecto de las adaptaciones metodológicas, curriculares y ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad”, recalca.
La legislación nacional, puntualiza, consagra el derecho de la persona con discapacidad a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades.
Adecuación de obras
El plan señala que el eje temático de presupuesto público se encuentra a cargo de la verificación del cumplimiento de los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico nacional referidos al uso total del 1% del presupuesto institucional asignado de los gobiernos regionales y locales con la finalidad de la realización y adecuación de obras, así como el financiamiento de planes, programas y proyectos.
Ambos rubros se orientarán al mejoramiento de la accesibilidad en la infraestructura urbana para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, específicamente a las personas que posean algún tipo de discapacidad, así como el financiamiento de los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) a favor de la población con esta condición de su circunscripción.
Por otro lado, el Eje de Accesibilidad en la Comunicación y de las Tecnologías de la Información y Comunicación se encargará de verificar el cumplimiento de la accesibilidad para las personas con discapacidad a los servicios, la información y comunicaciones, en igualdad de condiciones y de forma autónoma.
Evaluará el cumplimiento de dos materias fiscalizables: Accesibilidad en la Comunicación y Accesibilidad en las TIC, detalla el plan del Conadis.
Cifra
35 provincias de 10 regiones prevé visitar este año el Conadis como parte de las tareas de fiscalización.
Lea también en El Peruano:
?? Corte Suprema aclara causal de retención de CTS https://t.co/D6uGD0iCMo
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) April 7, 2023
La validez de la medida no depende del derrotero de la demanda de indemnización interpuesta por el empleador contra el trabajador cesado por falta grave que generó perjuicios.
? Por Paul Herrera Guerra pic.twitter.com/tbQARrvVNz