Política
“Después del caso Orellana, este caso, en el tema de lavado de activos, es el más grande que tenemos, más de 1,000 millones de dólares se han incautado, un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simuladores [de vuelo], muebles; de manera que esto nos da a entender la dimensión [de] cómo se esconde el dinero a través de los actos ilícitos”, indicó.
Romero, junto con el ministro de Justicia, José Tello, participó en la conferencia de prensa, en la que la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación brindaron detalles de la investigación a Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos.
Recordó que la investigación a Joaquín Ramírez y su organización empezó en el 2014, a cargo de la Dirandro, como una investigación de tráfico ilícito de drogas, que después derivó en lavado de activos.
El ministro destacó que la incautación de ayer es el resultado de un trabajo serio y profesional de dos instituciones del Estado encargadas de luchar contra el delito, como son la Policía Nacional y el Ministerio Público.
“[Quiero] remarcar el trabajo de la mano que han venido realizando tanto la Policía Nacional como la Fiscalía. Es la única manera de poder mostrar al país la efectividad de nuestras instituciones de manera transparente, para poder enfrentar al crimen organizado y sus diversas dimensiones”, afirmó.
Mensaje claro
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, sostuvo que el operativo de incautación es un mensaje claro del Gobierno, de los operadores de justicia, de que las cosas van a cambiar y no habrá impunidad en el país. “Lo que se usó para el mal, ahora se usará para el bien”, enfatizó.
El fiscal Wilson Salazar, fiscal provincial de Lavado de Activos, a cargo del caso, informó que en total se han incautado 203 inmuebles en el ámbito nacional y 54 en provincias; 84 bienes muebles, entre ellos 7 aeronaves y un simulador de vuelo.
Un contingente policial de 600 agentes acompañó la diligencia de incautación con allanamiento y descerraje de bienes diversos de la universidad Alas Peruanas y otros inmuebles, informó el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo.
La operación se desarrollará en dos fechas diferentes; la de ayer es la primera, y se aplica sobre 170 inmuebles y 91 vehículos, varios de ellos adscritos a la Universidad Alas Peruanas, centro de estudios superiores que el 2019 perdió el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) para operar como tal.
Ramírez mantenía vínculos familiares con esa institución por medio de su tío Fidel Ramírez, rector y uno de los fundadores de ella.
El comandante general de la Policía señaló que la Dirección de Lavado de Activos de esta institución respalda a la Fiscalía en esta operación. Refirió que se trata de una diligencia que se desarrolló en otras localidades del país.
Los bienes incautados pasarán a ser administrados por el Pronabi, se informó.