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Periodista
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El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) buscará que el 100% de los internos esté ocupado. También apunta a una política de construcción de nuevos centros penitenciarios; un tratamiento preventivo de la TBC y apuntalar la Carrera Pública Penitenciaria.
Así se resume la nueva Política Institucional del Inpe, que se presenta a los 100 días del inicio de la gestión de Federico Llaque Moya como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Inpe.
Cárceles productivas
El primero de los ocho puntos del documento está relacionado a la implementación en todos los establecimientos penitenciarios (EP) de las “Cárceles Productivas” y relacionarlo al pago de la reparación civil o “Inpe repara”.
En el 2016 se generó el decreto legislativo que reguló las “Cárceles productivas”, que ya trabajaban en diversos EP, y que convoca, mediante convenio, a un grupo de empresarios que conocen el mercado.
El Inpe exige al empresario que, mientras dure el convenio, pague un sueldo o destajo de la producción a los internos. Este ingreso también servirá para que el reo se responsabilice frente a su víctima.
Pago de reparaciones
Hace algunos años se modificó el Código Penal y, sin el pago de la reparación civil, hoy el exinterno no podrá rehabilitarse y continuará apareciendo con antecedentes penales.
Según la ley de Cárceles Productivas, el 10% de los ingresos del interno queda para el Inpe, el 70% para el propio recluso y 20% se destina a la reparación civil. Sin embargo, este último porcentaje no se había hecho efectivo hasta hace un mes, cuando se puso en marcha el proyecto “Inpe repara”.
Llaque informa que desde marzo ya se han hecho 50 depósitos de reparación civil y la meta es llegar a los 100. Sin embargo, hacer un depósito judicial, en la actualidad, es muy engorroso.
“El sistema está hecho para desanimar a quien quiere hacer este pago”. El trámite pasa por hacer el depósito en el Banco de la Nación (BN) precisando el número de expediente y de proceso, delito y el nombre agraviado. Luego, el juez avisará a la víctima del depósito y se lo endosa. Muchos pasos.
El Inpe ya se reunió con el Poder Judicial para buscar una solución, con un canal más efectivo y rápido, similar al que usan quienes incumplen con el pago de la pensión alimenticia familiar. Así, se depositaría directamente mes a mes a la cuenta de la víctima en el BN. La meta es que para cuando una persona salga en libertad, habrá pagado gran parte de la reparación civil.
En los penales hay 90,000 personas privadas de su libertad. Llaque Moya explica que el 97% está en capacidad de trabajar. “El Estado no puede tener desocupados en cárceles. Pero, lamentablemente, estas fueron construidas solo para retenerlos. No se pensó que los reclusos debían trabajar o estudiar”.
Pone como ejemplo el EP Castro Castro, construido en la década de 1980: hoy suma más de 5,000 internos, de los cuales solo 2,000 estudian o trabajan. O el EP Callao, que alberga a 3,500 internos, siete veces más de su capacidad. Y solo puede ofrecer el penal chalaco estudios o trabajo a 700. Es decir, tiene 2,800 desocupados, cada día.
Por ello, el punto 4 de la Política Institucional busca remodelar y ampliar los ambientes carcelarios. “Los nuevos penales tienen que orientarse a ‘Ocio cero’: el 70% de la población carcelaria trabaja y el 30%, estudia. Ese es el futuro: el 100% ocupado”.
Con la actual “política de inflación penal”, con penas más altas y sin beneficios para condenados y procesados, el Inpe alberga condenados a penas de 5, 10, 20 años, y más de 1,000 con cadena perpetua.
“Como política de Estado, debe cambiar nuestra visión de las cárceles: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe darnos el presupuesto para construir talleres o aulas; y las nuevas cárceles deberán construirse con esta nueva visión”, opina.
Lo que viene
Este año, el Inpe retomará cuatro obras paralizadas de ampliación de EP. Se trata de los penales de Iquitos, Pucallpa, Arequipa y Chincha.
“Lo segundo será la presentación ante el MEF de un plan de construcción de los EP, en el marco del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en el 2020 declaró como inconstitucional el hacinamiento en los penales”. Dicha sentencia dispone responsabilidades en su cumplimiento del Inpe, el Ministerio de Justicia y el MEF.
Ante el MEF, el Inpe presentará un ambicioso plan de construcciones, con alternativas para “descongestionar” los penales. Así, el de Chanchamayo (que alberga internos 5 veces más de su capacidad), se construirá el EP Venadopampa, en Huánuco. El futuro EP Chumba permitirá aliviar la sobrepoblación del EP Jaén; y para la sobrepoblación de los EP de Castro Castro y Callao, se construirá el EP Ancón III.
“Estos penales ya cuentan con proyectos de inversión viables. Ahora tenemos que ir al MEF para elaborar sus expedientes técnicos”, adelanta.
Educar
El Censo Penitenciario 2016 arrojó que de cada 10 privados de libertad, 6 no había terminado secundaria.
En los EP del país trabajan 700 maestros del Inpe y del Ministerio de Educación (Minedu) que enseñan a los internos la educación primaria y secundaria. Pero también hay un grupo de analfabetos. En el 2022 se logró insertar a 400 de ellos al sistema educativo y este año la meta es insertar “de manera obligatoria” a los 540 restantes, como parte del programa “Cero analfabetismo en cárceles”.
El Inpe y el Minedu quieren luego engancharlos a la educación primaria y secundaria y a los Cetpro técnicos.
La entidad ha aceptado la iniciativa del Consulado General de Colombia en Lima, que en alianza con un instituto de su país brindará estudios técnicos virtuales a ciudadanos encarcelados para certificarlos y que al cumplir su pena, al ser expulsado del Perú, puedan insertarse en el mercado laboral colombiano. El Inpe ya facilitó un ambiente en el EP Lurigancho para que este mes se inicien dichas clases.
El vocero del Inpe señala que se ha cursado la invitación a cónsules de otros países para que se sumen al programa “Estudiando sin fronteras” y den facilidades a sus conciudadanos que cumplen condena en cárceles del Perú. Adelanta que México está estudiando la propuesta.
Además, hay 1,800 internos que dejaron los estudios universitarios. Y el Inpe busca que una universidad privada les dé una tarifa especial para que puedan terminar estos estudios. Otro grupo necesita facilidades para titularse.
Monitoreo y salud
Otra línea de la Política Institucional es el acompañamiento pospenitenciario, que permitirá conocer, por ejemplo, si las personas que trabajaban en Cárceles Productivas se desempeña en los rubros en los que fueron capacitados.
La tuberculosis (TBC) es uno de los mayores males de los EP del Perú: adentro hay 27 veces más tuberculosos que los registrados en las calles.
Para ello también se presentará al MEF un proyecto de prevención: Se tomará una placa de los pulmones a todo interno nuevo que ingrese a la carceleta. Si es un posible positivo, pasara a una prueba de esputo. De confirmarse, iría a una celda de posibles tuberculosos y será trasladado al penal en una ambulancia, donde iría directo a la zona de aislamiento de TBC y solo cuando esté recuperado ingresaría al pabellón.
Llaque Moya calcula que se necesita una inversión de 2 millones de soles y un gasto anual de 800 mil soles, pero ahorrará mucho más dinero al Estado en medicinas.
Carrera
Finalmente, el personal del Inpe trabaja bajo tres modalidades: la ley 276, la ley de Carrera Pública Penitenciaria y los CAS, cada uno con diferentes beneficios.
Llaque Moya recuerda que, en el 2022, el Congreso y los sindicatos lograron la ley por la cual los más de 6,000 empleados bajo modalidad CAS se incorporará a la Ley de Carrera Pública Penitenciaria.
“La norma dispuso incorporarlos en 5 años. Nuestra propuesta es hacerla en 2 años. En junio iniciaremos el concurso para la incorporación del primer grupo, beneficiando a más de 3,000 servidores penitenciarios. Y en el 2024, a la otra mitad”.
Dato
90,000 privados de libertad viven en los penales del país.