Editorial
El clima de inseguridad se ha acrecentado en los últimos años en coincidencia con el incremento de la llegada de una gran cantidad de migrantes, especialmente de nacionalidad venezolana, que salieron de su país escapando de la terrible crisis que lo agobia.
Hay que ser precisos y tener cautela respecto a este tema. La migración no es un fenómeno negativo. Por el contrario, está comprobado que las sociedades receptoras se enriquecen en diversos ámbitos, como el cultural y el económico, por ejemplo.
Por citar un caso paradigmático, no se puede explicar la historia de Estados Unidos sin referenciar la migración europea a mediados del siglo XX, ni especialmente la proveniente de países latinos en décadas posteriores.
No obstante, es inevitable que en el complejo proceso migratorio se incluyan personas dedicadas a la delincuencia y al malvivir cuyo accionar causa un injusto desprestigio a la comunidad de la que provienen y reacciones nefastas como la xenofobia o la discriminación.
En el caso que nos atañe, las autoridades peruanas han registrado un considerable número de ciudadanos venezolanos que ingresaron al país con antecedentes policiales y solo en el 2022 la Policía Nacional detuvo a 17,000 de ellos por la comisión de diversos delitos. En lo que va del año, el número de detenidos ya llegó a 5,000.
La mayoría de los ciudadanos venezolanos que viven en el Perú, casi dos millones, de acuerdo con cifras oficiales, son personas trabajadoras, honestas y emprendedoras que luchan a diario por labrarse un futuro. Por consiguiente, es injusto que esa comunidad de hermanos latinoamericanos sea estigmatizada en su conjunto por el accionar de delincuentes.
Sin embargo, nuestra sociedad tiene el derecho de defenderse y de ejecutar acciones contundentes para frenar el avance de la delincuencia en general y, en particular, de la perpetrada por venezolanos y personas de cualquier otra nacionalidad.
Por eso, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció la pronta aprobación de medidas migratorias para frenar el ingreso al país de indocumentados y de ciudadanos extranjeros con antecedentes policiales. Una de esas acciones, precisó el ministro del Interior, Vicente Romero, es el fortalecimiento de la seguridad en la frontera con Chile, punto por el cual pasan al Perú personas de dudosa reputación expulsadas desde el vecino del sur.
En ese contexto, consideramos urgente dictar normas que mejoren la seguridad ciudadana y eviten la presencia de más delincuentes extranjeros en nuestras calles.
Por lo tanto, creemos positivo que el Gobierno aborde este problema cuanto antes en procura del bienestar y la tranquilidad de la mayoría de los peruanos y extranjeros de bien que viven en nuestro país.