Política
“Vamos a trabajar incansablemente por alcanzar la reconciliación nacional. Y en ese camino tenemos que respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los investigados”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial.
Además, reafirmó el respeto del Gobierno a los convenios internacionales y precisó que no se trata de una sentencia, sino de un informe temático con recomendaciones que se implementarán conforme con lo establecido en el Pacto de San José y en consonancia con la legislación peruana.
“Las recomendaciones van a ser remitidas a todos los sectores. El Estado peruano tiene que analizar estas recomendaciones y ver la aplicación de su pertinencia. Nosotros respondemos a la Constitución y no podemos permitir ninguna práctica injerencista”, explicó.
Al respecto, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el Ejecutivo ha propuesto que el mecanismo de seguimiento se realice mediante el relator temático asignado al Perú.“Son 36 recomendaciones y muchas de ellas ya se han implementado. Analizaremos las recomendaciones pendientes y luego comunicaremos a la CIDH la posición peruana”, dijo.
Normativa clara
Por su parte, el representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, destacó que el informe de la CIDH reconoció que el Estado peruano cuenta con una normativa clara y completa respecto al derecho fundamental a la protesta pacífica.
Agregó que durante las protestas “se produjeron sucesos violentos que no están enmarcados naturalmente [en la protesta pacífica] ni protegidos por el derecho fundamental”, ello en concordancia con lo expresado en el informe que investigó la situación de los derechos humanos durante las movilizaciones sociales .
Así, Adrianzén mencionó actos referidos en el informe, como la toma de carreteras, actos vandálicos contra propiedad privada e instituciones públicas, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de agresiones a cuerpos del orden.
Investigación
El relator de la CIDH para el Perú, Stuardo Ralón, precisó que el informe que dicha entidad emitió sobre las protestas en el país no establece figuras de carácter penal.
“De lo que habla es de lo que podría haber ocurrido y que debe investigarse”, indicó, en declaraciones a RPP. “Pero no establecemos una investigaciones de carácter penal o criminológica para saber qué ocurrió”, añadió el diplomático guatemalteco.
En ese sentido, Ralón afirmó que el documento “no tiene una connotación de investigación de carácter penal”. Son las investigaciones las que tienen que establecer si hubo, en efecto, uso excesivo de la fuerza, dijo.
“La CIDH hace un llamado a que estas investigaciones sean llevadas a cabo por fiscalías especializadas en derechos humanos”, manifestó.
Cifra
36 recomendaciones contienen el informe de la CIDH, que alcanzan a diversos sectores del Estado Peruano.