Editorial
“Un servicio educativo de calidad está estrechamente asociado al cumplimiento de diversos requisitos, siendo de los más importantes el de ofrecer infraestructura educativa óptima [...]”.
El Ministerio de Educación (Minedu) define a la infraestructura educativa como el conjunto de predios, espacios, edificaciones y mobiliario para la prestación del servicio educativo. En otras palabras, con dichos términos se hace referencia a la existencia de escuelas debidamente equipadas, seguras, funcionales e integradas al territorio.
Nuestro país presenta serios problemas en este ámbito como lo reveló el primer Censo de Infraestructura Educativa (CIE 2014), estudio que puso en evidencia que gran parte de las escuelas, especialmente en zonas rurales, no cuentan con condiciones básicas en cuanto a sismorresistencia; mantenimiento correctivo; saneamiento físico legal y servicios de calidad de agua, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones; y accesibilidad para la población con discapacidad.
De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, el país necesita de 419,179 m2 de ampliación de áreas techadas con miras a atender a estudiantes de educación inicial; y 2.9 millones de m2 de ampliación a fin de que la primaria multigrado cumpla con las especificaciones mínimas de áreas techadas.
Asimismo, se requieren 2.2 millones de m2 para ampliar la jornada escolar completa; y 1 millón 982,934 m2 y 401,657 millones 763,106 m2 de área techada nueva que permita albergar la demanda de nuevos estudiantes de inicial y secundaria, respectivamente.
Según el Minedu, cerrar esta brecha le exige al país invertir más de 150,000 millones de soles. Teniendo en cuenta que el Perú destina al rubro de infraestructura educativa entre 3,000 millones y 4,000 millones de soles, llegar a la meta tomaría más de dos décadas.
Por tanto, es urgente ejecutar acciones que contribuyan a avanzar en el proceso de resolver este problema. No hacerlo condenará a millones de estudiantes a no contar con un servicio educativo de calidad y complicará las posibilidades del país de desarrollarse.
Es preciso, por tanto, recurrir a todas las herramientas posibles en procura de lograr el objetivo, mediante obra pública y con base en los objetivos estipulados en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero incorporando también al sector privado, mediante mecanismos como las Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos.
Se requiere también que los gobiernos subnacionales mejoren en la ejecución de los presupuestos en el sector ya que, según especialistas, son las instancias que más problemas evidencian en este ámbito debido a sus bajas capacidades técnicas para impulsar iniciativas de inversión.
Superar este déficit es un esfuerzo de largo plazo por lo que debe ser una política de Estado respaldada por todos los sectores políticos, sociales y económicos y ejecutada independientemente de quién conduzca los destinos del país.