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Periodista
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Fue el 4 de junio del 2003 cuando el filósofo Salomón Lerner Febres, en su calidad de presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), que analizaba el período de violencia entre 1980 y 2000, solicitaba al Poder Ejecutivo ampliar al 30 de agosto la entrega del informe final, que estaba fijada para el 13 de julio.
Dicho informe consignaría los 17,000 testimonios que los comisionados ya habían escuchado y tomado nota durante casi dos años. Se resaltaba algo inédito para la historia del Perú: se pondría rostro tanto a víctimas como a victimarios de la violencia.
El grupo de trabajo necesitaba el respaldo político del entonces presidente Alejandro Toledo. Había mucha crítica al trabajo de la CVR desde las bancadas. Aunque el Ejecutivo llegaba a la mitad de su gestión debilitado políticamente, apoyaría al grupo de trabajo, pero demoraría algunas semanas en hacerlo a través de una norma.
Las críticas
Los voceros de las bancadas cuestionaban, por ejemplo, que las cifras preliminares de la comisión arrojaban que el 74% de las víctimas de las dos décadas de conflicto armado interno eran indígenas. Ciudadanos anónimos. Sin libreta electoral. ¿Era una exageración? ¿No bastaba el testimonio de sus vecinos, de sus familiares?
El entonces parlamentario Rafael Rey Rey pedía “no mirar atrás”. Otro de los temas para poner en tela de juicio su labor era que los comisionados se habían referido a Sendero Luminoso (SL) como un “partido político” mientras en esos días en Ayacucho se había generado una crisis de 72 rehenes en el campamento de la empresa Techint. Señalaron que al darle este estatus al senderismo se bajaba la moral a las Fuerzas Armadas y se hacía una apología al terrorismo.
Pese a las críticas políticas, la ciudadanía estaba de acuerdo con la labor de los comisionados. Una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado en Lima Metropolitana señalaba que el 52% de los encuestados aprobaba el trabajo de la CVR, y 65% consideraba que su labor era objetiva y no favorecía a nadie.
También la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras organizaciones exhortaban a que se respaldara la labor de la CVR peruana.
Mucho después, el 26 de junio, se publicaría el Decreto Supremo N° 063-2003-PCM, que prorrogaba hasta el 31 de agosto del 2003 la vigencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Señalaba “que los comisionados prestarán servicios ad honorem del 14 de julio al 31 de agosto (artículo 3)”. Y en su artículo cuarto indicaba que el 28 de agosto entregaría su informe final.
Escuchar la verdad
El trabajo del grupo estaba elaborando un “cuaderno de recomendaciones” basado en los casi dos años de escucha de los testimonios.
Desde las Fuerzas Armadas había un mayoritario apoyo. El Ejército, con Roberto Chiabra como su comandante general, facilitaba documentación a la CVR. Una mayoría de los generales activos de la década de 1980 ofrecían voluntariamente sus testimonios. También un grupo de militares retirados, como el general Walter Ledesma, apoyaban que continúe sus labores la comisión.
Por esos días, uno de los comisionados, el antropólogo Carlos Iván Degregori (1945-2011), recordaba en una entrevista a El Comercio que “No habrá gobernabilidad ni desarrollo económico si no terminamos con el miedo y la desconfianza, que son secuelas del conflicto. […] Ningún oficial –agregaba– puede sentirse orgulloso de torturar o de desaparecer a alguien. Con los esqueletos en las fosas no se puede construir un país sano”.
Hablan los actores
Los últimos testimonios se escucharían ese mes, en Lima. El 10 de junio, al inicio de las Sesiones Institucionales de Balance y Perspectiva que realiza la CVR. Fue un hito y causó polémica en un sector de la población.
Se escucharía a militares, subversivos y dirigentes de grupos políticos que tuvieron responsabilidades durante el proceso de violencia.
Si bien la dirigencia de Acción Popular dijo apoyar la labor se la CVR, no reconoció excesos en la lucha antisubversiva durante su gobierno (1980-1985). Señaló que, en su gobierno, de cada 4 víctimas, 3 fueron “presuntos subversivos” y un civil, mientras que en el gobierno del APRA (1985-1990) la situación se revirtió.
La versión de AGP
Ante el mismo auditorio, el exmandatario Alan García Pérez (1949-2019) advirtió que no olvidaría ni perdonaría las acciones realizadas por SL; pero si Acción Popular admitía sus errores durante su lucha contra el terrorismo, AGP aceptó que hubo excesos de parte de las fuerzas del orden durante su mandato, y subrayaba que no se trató de una política de Estado. El mea culpa que se esperaba jamás llegó. “No suscribo ningún exceso. Eso le corresponde determinarlo a esta comisión y a la historia”, dijo García.
Por el contrario, señaló que durante su gobierno se unieron las FF. AA. en un solo ministerio, se unificaron los tres cuerpos policiales en la Policía Nacional del Perú, se reforzó el trabajo de inteligencia y se creó el Gein (Grupo Especial de Inteligencia del Perú). Y qué al gobierno de Fujimori “sólo le quedaba cosechar los frutos de este largo trabajo y capturar a Abimael Guzmán Reinoso”.
Precisó que en su gobierno se mantuvieron las libertades de expresión y no se cerró El Diario de Marka, que se denunciaron los casos de Accomarca y la matanza de los penales. Sin embargo, “guardó silencio sobre los casos de Cayara, Salomón Santoral y muchos otros”, escribió en La República.
Por su parte, el expresidente Alberto Kenya Fujimori, sobre quien había muchas sospechas de delitos de lesa humanidad, estaba prófugo en el Japón, evitando a la justicia peruana.
Los terroristas
La CVR pidió también sus testimonios a los terroristas Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, quienes desde la cárcel se negaron. Lo más polémico fue la difusión por TV Perú, a solicitud de la CVR, de los testimonios en video de cuatro cabecillas terroristas desde la prisión: Óscar Ramírez Durand (a) Feliciano, de SL; Víctor Polay Campos (a) camarada Víctor, Alberto Chávez Olaechea y Peter Cárdenas Schulte, todos ellos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Al final de la declaración de Cárdenas se liberaba pacíficamente a los 72 rehenes de la empresa argentina Techint en el campamento de Toccate (Ayacucho), pero se consideró que sus declaraciones más que un arrepentimiento real, solicitando un trato benigno que les permita reintegrarse a la sociedad, fue una propaganda política.
Gira por EE. UU.
Ese junio de hace dos décadas los integrantes de la CVR también buscarían el respaldo internacional a su labor.
El 17 de junio, los comisionados Salomón Lerner, Sofía Macher y Carlos Iván Degregori daban a conocer desde la sede en Nueva York de las Naciones Unidas las cifras parciales de las investigaciones: “... el umbral mínimo era 40,000 muertos y un máximo de 60,000 personas murieron o desaparecieron durante la lucha armada vivida en el Perú en las últimas dos décadas.”
“El número exacto jamás lo podremos saber. Hay muchísimas variables que no dominamos, hay gente que no ha brindado testimonios, y hay muchas fosas clandestinas”, dijo Salomón Lerner desde la ONU.
La cifra superaba las proyecciones de la CVR: si bien había 24,000 víctimas con nombres y apellidos, se trataba solo de la punta de ese iceberg de dolor de lo ocurrido durante los 20 años de violencia.
Degregori, por su parte, recordaba que el caso peruano era “diferente a los del cono sur, porque alrededor de la mitad de las víctimas fueron causadas por el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso”. (Con información del Centro de Documentación de El Peruano)
Otras experiencias
Ese 6 de junio, el padre Gustavo Gutiérrez clausuró el seminario internacional “De la negación al reconocimiento”, que organizó la CVR. Se desarrolló durante tres días en el Museo de la Nación (hoy, Ministerio de Cultura). El evento había servido para escuchar una veintena de testimonios y de ponencias internacionales sobre las experiencias de las comisiones de la verdad y sus desafíos, y los conflictos armados. Ahí Bongani Finca habló sobre la importancia que tuvo la liberación de Nelson Mandela para terminar con los 50 años de apartheid en Sudáfrica. El argentino Martín Balza recordó que los indultos o las amnistías no cerraron las heridas del pasado (en ese caso, la Junta Militar que presidió Jorge Rafael Videla). Mientras Mari Fitzduff señalaba de la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner un punto final a los 30 años de conflicto en Irlanda del Norte, que había causado más de 3,600 muertos. El especialista en análisis cuantitativos de proyectos de derechos humanos Patrick Ball exponía su trabajo con 7 comisiones de la verdad. Era conocido como “el informático que arrincona a Slobodan Milosevic”, al destapar genocidios y éxodo gracias al análisis de datos.
Datos:
La CVR se creó en el 2001 para investigar lo ocurrido entre 1980 y el 2000.
Como parte de su legado, dejó un Banco de Imágenes de 1,800 fotografías que formarán parte del más completo archivo.
En julio del 2003 se inauguró la exposición fotográfica y documental itinerante “La Casa de la Verdad”, presentada en simultáneo en Lima, Ayacucho, Huánuco, Huancayo y Cusco.
En Estados Unidos, los comisionados se reunieron también con autoridades del Gobierno y el Congreso de ese país, del Departamento de Estado y de organismos multilaterales, como USAID y el BID.
Cifra:
17,000 testimonios sumó el informe de la CVR. 40% de las víctimas se reportaron en Ayacucho.