Derecho
Se trata del Proyecto de Ley N° 5601/2022-PE que incorpora medidas cuyos beneficios resultarían superiores a los potenciales costos que podría generar a las partes en el procedimiento concursal.
Planteamientos
En ese contexto, se propone la incorporación de un régimen de administración temporal del deudor, desde la fecha de difusión del procedimiento concursal ordinario hasta la fecha en que la junta de acreedores apruebe el Plan de Reestructuración, suscriba el Convenio de Liquidación o la comisión correspondiente designe de oficio a un liquidador, según sea el caso.
A su vez, se plantea la prohibición expresa de pagos o extinción de obligaciones concursales durante el “periodo de suspensión de exigibilidad de obligaciones”, en detrimento del patrimonio del deudor en concurso y el establecimiento de incentivos para el otorgamiento de financiamiento a empresas sometidas a concurso.
La propuesta legislativa también incorpora un régimen de “concurso e insolvencia transfronteriza” que regula el tratamiento de crisis empresariales cuyo impacto trasciende el ámbito nacional del concurso para alcanzar efectos sobre agentes y bienes situados en el extranjero.
En tanto, para mejorar la regulación de los procedimientos concursales en beneficio de los agentes económicos afectados con la crisis empresarial del deudor, precisa los supuestos de ineficacia concursal de actos de disposición del deudor e introduce “incentivos” sustantivos y procesales para que los sujetos interesados ejerzan las acciones de ineficacia concursal ante el Poder Judicial.
A la par, refuerza la regulación referida al proceso de liquidación, mediante el establecimiento de plazos máximos para la realización de activos, así como la relativa a la delimitación de las facultades y obligaciones de los liquidadores y el régimen fiscalizador en lo referido a los gastos de liquidación.
Adicionalmente, introduce cambios en la regulación del procedimiento concursal preventivo y refuerza el régimen general de infracciones y sanciones, mediante la incorporación de nuevas conductas infractoras y el incremento de sanciones en determinados supuestos.
Se pretende también que la autoridad concursal (vía administrativa) tenga competencia para conocer pedidos de cooperación extranjera para hacer oponible en el país los efectos del concurso de una empresa domiciliada en el extranjero.