Derecho
El documento, que se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 009-2023-JUS, precisa que la citada política, cuya conducción estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), tratará de resolver el problema público de la persistencia del contexto criminógeno en los adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal.
Así, por un lado, reducirá la exposición continua que esta población tiene a factores asociados a la violencia y el delito, con lo que se evitará la probabilidad de su involucramiento en infracciones a la ley penal; y, por otro, fortalecerá el sistema de justicia penal juvenil para favorecer una adecuada y efectiva resocialización e integración a la vida familiar, educativa y social, precisó el citado portafolio.
La política considera tres objetivos prioritarios (OP): reducir la concentración de condiciones de riesgo infractor de los adolescentes, fortalecer el sistema de justicia penal juvenil, y fortalecer la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
En el primero de los nombrados, este se plantea a fin de que los adolescentes se desarrollen de forma integral para evitar entornos criminales, lo cual implica fortalecer a la familia, la comunidad y las instituciones educativas, de modo que sean espacios de promoción de los factores protectores.
El segundo OP pretende asegurar el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal alineados al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento. Además, plantea potenciar las estrategias y programas vinculados con las salidas alternativas al proceso judicial, y los enfoques como la justicia juvenil restaurativa y la justicia terapéutica.
Servicios de sectores
Para lograr los OP, se fijaron 15 servicios a cargo de sectores del Ejecutivo, Fiscalía y Poder Judicial, vinculados con los adolescentes que presentan factores de riesgo delictivos en los ámbitos educativo, familiar o comunitario, así como los servicios dirigidos a los que están en conflicto con la ley penal en el sistema de justicia penal juvenil.
Figuran los servicios de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas, fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres e hijos adolescentes, y atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo, entre otros.