Política
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, anunció que se aprobó la transferencia de más de 111 millones de soles al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al sector Interior y al Poder Judicial, así como a las municipalidades distritales de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres (Lima) y Sullana, Bellavista, Ignacio Escudero, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo y Salitral (Piura).
La disposición apunta a la implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva y la puesta en marcha de las brigadas especiales contra el crimen organizado a cargo de la PNP. Además, permite dotar de recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, detalló que para que las declaratorias de emergencia sean operativas se dispuso que las unidades de flagrancia, que están conformadas por la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensa Pública y el Poder Judicial, atiendan este tipo de delitos.
Sostuvo que, junto con el ministro del Interior, Vicente Romero, han monitoreado permanentemente la situación en los distritos declarados en emergencia y han advertido aspectos que es necesario mejorar y falencias de carácter económico.
Explicó que se observó la falta de instalaciones y equipamiento adecuado para una pronta y eficaz atención en dichas unidades.
“El Ministerio del Interior recibirá más de 35 millones de soles; el Poder Judicial, más de 29 millones; San Juan de Lurigancho, 34 millones; San Martín de Porres, más de 8 millones; la Municipalidad de Sullana, 743,000 soles; y así sucesivamente, que hace un total de 111 millones 659,275 soles, que son para la lucha contra la delincuencia y frenar la inseguridad ciudadana”, precisó.
Canon
Asimismo, el Ejecutivo aprobó el uso de los recursos del canon y sobrecanon en los gobiernos locales y gobiernos regionales en materia de seguridad ciudadana. De esa manera, estos podrán financiar y cofinanciar inversiones al respecto, lo que incluye infraestructura y equipamiento a favor del Ministerio del Interior para ser destinados a la PNP.
Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que los alcaldes y gobernadores regionales ahora sí podrán invertir en seguridad ciudadana. “Ya no hay ningún pretexto para no invertir en materia de seguridad ciudadana”, señaló.
Afirmó que, al no existir una norma en ese sentido, los gobiernos locales y regionales tenían la imposibilidad de invertir en equipamiento e infraestructura de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que hasta el momento habían destinado alrededor de 3.4% del presupuesto del canon y sobrecanon.
Se trata del segundo decreto legislativo en materia de seguridad ciudadana, luego de que la semana pasada se aprobara el primer decreto, que eleva hasta los 20 e incluso 30 años de prisión por el robo de celulares.
Planes de acción
Un total de 1,103 comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana reciben asistencia técnica del Mininter con el propósito de ayudarlos en el diseño y formulación de sus planes de acción para los próximos cuatro años. Estas importantes herramientas de gestión permitirán que dichos comités, compuestos por actores públicos y privados, refuercen la articulación entre sus miembros y presupuestar iniciativas que contribuyan al orden público y la convivencia pacífica de sus vecinos, además de alinearlas a los objetivos y lineamientos de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. A la fecha, vienen recibiendo este apoyo miembros de 26 comités regionales de seguridad ciudadana (Coresec), 133 provinciales (Coprosec) y 944 distritales (Codisec). Un ejemplo fue la Municipalidad de La Perla, en el Callao, cuyo Codisec validó ante el Mininter su plan de acción para el período 2024-2027.