TC ordena al Inpe la liberación de Alberto Fujimori bajo responsabilidad
Resolución señala que la Corte IDH no puede disponer que no se ejecute la mencionada sentencia porque está fuera de su competencia.
Dicha decisión se da luego de que un juzgado de Ica declarara improcedente ejecutar la resolución del máximo intérprete de la Constitución con respecto al hábeas corpus presentado a favor del exmandatario.
La resolución fue aprobada por mayoría, tres votos contra uno. Votaron a favor Francisco Morales Saravia (presidente del TC), Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. En contra el magistrado Helder Domínguez Haro.
“Declarar fundado el recurso de reposici6n en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaida en el presente proceso; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director de! Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad", señala el primer párrafo del fallo.
Igualmente, la resolución acuerda "llamar severamente la atención" al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.
Como se recuerda, el fallo del TC de 2022 quedó suspendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori.
El auto del TC señala, al respecto, que la Corte IDH no puede disponer que no se ejecute la mencionada sentencia porque está fuera de su competencia el “ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”.
Agrega que, en todo caso, la Corte IDH queda facultada para dejar constancia en una resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera el caso, informar a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por los casos Barrios Altos y La Cantuta, plazo que vencía el 10 de febrero de 2032
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