Política
Asimismo indicó que el Ejecutivo revisará la forma que se otorga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para hacer correcciones radicales y definitivas que enfrenten el accionar de la minería ilegal.
“Las correcciones más radicales que se van a tomar justamente van a tener que ver con la revisión y cancelaciones posiblemente de estos documentos que usan los ilegales para sacar minerales”, afirmó.
Vera se presentó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso para informar sobre los sucesos ocurridos en la provincia de Pataz, el impacto de la minería ilegal y los avances en la formalización minera. Allí precisó que actualmente hay 87,168 Reinfo, de los cuales 69,705 se encuentran suspendidos, lo que representa el 80%, que muchas veces es usado por los mineros ilegales para amparar sus operaciones.
“En La Libertad hay 5,191 Reinfo suspendidos de los 6,194 emitido, la mayoría están con permisos suspendido y vienen trabajando”, aseveró.
Problema complejo
Indicó que el problema de la minería ilegal es complejo, no solo está vinculado al mal uso del Reinfo sino también con los suministros a los cuales acceden, los mismos que contaminan el medioambiente, al acceso de armamento y explosivos en el mercado negro.
Por otro lado, según dijo, está la comercialización del producto que llega a lugares de procesamiento del mineral sin tener el trazado de la procedencia del mineral.
“Estos temas tienen que ver con fiscalización y control de diversos sectores de gobierno, en este momento se está formando una comisión multisectorial”, manifestó.
Gremios se pronuncian
Los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil del Perú expresaron su firme condena ante el accionar violento y criminal de la minería ilegal que el último fin de semana atacó la mina de la Compañía Minera Poderosa y asesinó a nueve trabajadores mineros y dejó gravemente heridos a otros 13, en la provincia de Pataz, La Libertad.
En una conferencia de prensa conjunta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), la Confiep, la Asociación de Pymes, Comex y la Cámara de Comercio Ucayali, también demandaron al Gobierno acciones efectivas para hacer frente a la ola de criminalidad que golpea a todos.