Opinión
Vocal de la Sala Concursal del Indecopi
Al ser el funcionamiento y desarrollo de las empresas públicas en nuestro país parte importante de la economía, por ejemplo, en el sector de generación de energía (entre otros), la exigencia de su funcionamiento eficiente deber ser imperiosa. Debemos recordar que la facultad de constituir empresas públicas se encuentra en la Constitución vigente, quedando claro que en ella se permite, al amparo de un rol subsidiario, que el Estado constituya o mantenga empresas públicas.
Si bien la economía de libre mercado requiere de varias condiciones, una de ellas es precisamente la necesidad de tener un Estado vigoroso; ello implica que respete y haga cumplir los derechos de propiedad y contratos, además de brindar los servicios que la población requiere para su desarrollo y crecimiento.
Asimismo, el rol subsidiario del Estado se sustenta en la teoría de la ventaja comparativa, es decir, que cualquier agente económico se dedicará a la actividad que puede hacerlo mejor que cualquier otro; dejando aquella que por su naturaleza considera que no es conveniente hacerla; un claro ejemplo de ello es la actividad que es beneficiosa para la sociedad, pero que tiene una barrera de entrada muy alta, como lo es el negocio que por alguna razón no es rentable, el retorno de la inversión es muy larga o el tamaño de la inversión muy alta, siendo muy probable que ningún agente privado ingresará a ese negocio; es precisamente en esos casos donde el Estado asume un rol con el fin de ofrecer a la población un bien o servicio deseado o necesitado.
Pero qué sucede cuando se trata de actividades que sí tienen rentabilidad o es atractivo al capital privado. La pregunta en estos casos es ¿conviene constituir o mantener una empresa pública? La respuesta es afirmativa por cuanto ambos tipos de empresa (pública y privada) tendrán objetivos diferentes, no necesariamente el Estado debe ingresar en aquellas actividades empresariales en la que es deficitario por naturaleza.
Por otro lado, se afirma que nuestro país no es eficiente cobrando impuestos al permitir en nuestra economía una alta participación de la informalidad; sin embargo, ello tampoco implica desaparecer a las empresas públicas; lo que se debería de propiciar es fortalecer al Estado en su conjunto en ambos aspectos. Ante ese escenario, los funcionarios tienen una gran responsabilidad de tomar decisiones que conlleven cambiar la percepción acerca de mantener el statu quo de las empresas públicas en su conjunto, teniendo presente que la mala percepción daña y debilita a todo el sistema en general, perjudicando a las que sí efectivamente cumplen un rol muy importante.
Los gerentes de las empresas públicas deberían estar interesados en lograr los objetivos de la empresa, es decir, atender el rol subsidiario del Estado (sustento de la creación de la empresa pública) cubriendo las necesidades de los ciudadanos en aquellas actividades en la que el sector privado tiene reservas de ingresar; sin embargo, ello no implica que no controle los costos y gastos de la empresa, debe estar enfocado, además, en procurar que sus operaciones no sean deficitarias, si no ese déficit será cubierto por el tesoro público, es decir, su ineficiencia la pagaremos todos nosotros con nuestros impuestos.
Se debe tomar en cuenta que la competencia de los gerentes de las empresas públicas, a quienes se les deberían establecer indicadores de gestión bien definidos; actualmente, estos han ido perfeccionándose y cada vez reflejan si los objetivos de los accionistas se están alcanzando, como, por ejemplo, el EVA; de lo que se trata en realidad es que las empresa públicas sean evaluadas de manera periódica de manera rigurosa.
Conclusiones:
a) Para las empresas privadas y públicas la competencia es fuente de eficiencia y, por tanto, es crucial que en el proceso de toma de decisiones debe estar necesariamente presente esta variable.
b) La privatización no es una panacea puesto que las empresas públicas tienen una doble responsabilidad plasmada en sus objetivos; sin embargo, en estas últimas es insoslayable la exigencia de su eficiencia y productividad.
c) En algunas empresas públicas, los problemas asociados a su gestión han generado el cuestionamiento de la idoneidad (de todas las empresas públicas) para cumplir sus objetivos. Es imperioso evaluar y profundizar la disciplina de la gestión del riesgo.
d) Los problemas de gobierno de las empresas públicas son múltiples y relativamente mayores que en las empresas privadas. Al tener objetivos múltiples (incluyendo aspectos no comerciales) que contrastan con el objetivo central de maximización de valor para la empresa privada, en algunas oportunidades estos objetivos múltiples entran en conflicto y, en cualquier caso, generan dificultades para la evaluación de resultados de la empresa; siendo por ello imperioso establecer objetivos claros (con medidas cuantitativas de resultados incluyendo el costo de los objetivos no comerciales), además de indicadores de gestión que permitan una evaluación de desempeño de los funcionarios que lideran a las empresas públicas.