“Los ministros expresamos nuestra solidaridad con la presidenta Dina Boluarte y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que encubren cuestionables disposiciones jurisdiccionales”, recalcó.
Mencionó que las instancias para ventilar y aclarar temas legales en curso son la Fiscalía y el Ministerio Público y reafirmó que la Jefa del Estado ha mostrado, en todo momento, su disposición de acudir ante estas autoridades para esclarecer los asuntos que se estimen convenientes.
“Siempre ha prestado su colaboración y, en otras oportunidades que ha sido citada, ha asistido a declarar. Ella ha manifestado que se va a dirigir a la Fiscalía a brindar sus declaraciones cuando sea convocada”, señaló.
Consideró que las últimas acciones de las que ha sido objeto la Mandataria son “desproporcionadas e inconstitucionales” y “reafirman la existencia de una politización de la justicia” en el Perú.
“Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional”, declaró.
Aseguró que la Presidenta y el Gabinete están decididos a continuar trabajando por los grandes retos del país.
“La tarea que se nos ha encargado es trabajar por la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Esa es nuestra prioridad, de esa línea no nos vamos a mover”, dijo.
Finalmente, indicó que el Ejecutivo continúa decidido en poner todos sus esfuerzos en este objetivo con el fin de lograr mejores condiciones de vida para toda la población.
No es casual
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, consideró que las acciones mencionadas “tienen el propósito de resquebrajar el gobierno, la democracia, la institucionalidad”.
Arana hizo un llamado al Congreso de la República y a la ciudadanía “a que examinen que estas acciones no son casuales”, y opinó que se trata de “un hecho sin precedentes”.
En ese contexto, calificó de “desproporcionada” la diligencia efectuada, señalando que en ella intervinieron “más de 20 policías y 20 fiscales”.
El titular de Justicia manifestó que esto demuestra que “se ha politizado la justicia”.
“Nos hace ver que existe un uso indebido de la justicia y de los medios la justicia mediante
la Fiscalía y el Poder Judicial”.
Intervención innecesaria
“Lo que hemos presenciado esta madrugada [de ayer] es un acto gravísimo y muy cuestionable por parte de la Fiscalía, que atenta contra la gobernabilidad y la democracia, al vulnerarse la más alta investidura”, señaló la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.
“Como ministra y ciudadana, preocupa la intervención de la Fiscalía, innecesaria y con exceso, dada la reprogramación solicitada por la propia Mandataria. El respeto a la separación de poderes es fundamental para mantener el Estado de derecho en nuestro país. Seguiremos trabajando por el Perú, cautelando la democracia y la estabilidad política y económica de todos los peruanos”, afirmó la titular de Cultura, Leslie Urteaga.
