Trece millones de ecuatorianos irán mañana a las urnas en plebiscito
Futuro de la lucha contra el crimen
Consulta también será un termómetro para medir la popularidad del presidente Noboa tras el incidente diplomático con México.
Una de las cuestiones más trascendentales será el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía contra el crimen organizado, sin necesidad de un estado de excepción como sucede hasta ahora, así como permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países.
Además, reformar el código penal para elevar las penas a los delitos como el terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro, extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
Otra pregunta busca tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Los ecuatorianos decidirán si permiten que el armamento incautado a los delincuentes se destina inmediatamente para el uso de la Policía y los militares, y simplificar el proceso de expropiación de bienes ilícitos.
Drogas
Ecuador terminó el 2023 como el país más violento de América Latina con una tasa de homicidios de 45 por cada 100,000 habitantes, y aunque las medidas adoptadas por Noboa desde enero pasado han bajado la tasa de criminalidad, los hechos violentos se mantienen y las autoridades lo atribuyen a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico.
“La consulta contribuye en sí a dar las herramientas necesarias al Ejército y la Policía Nacional, para que puedan actuar permanentemente en el territorio”, señaló Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, quien cree que este plebiscito no resolverá por sí solo la crisis de inseguridad.
Según Pazmiño, en 1990 Ecuador era un país de tránsito de drogas; a partir del 2004 mutó “a centro de acopio y plataforma internacional de distribución” y –sin ser productor– fue catalogado en el 2014 como un país de procesamiento, para en el 2024 ser “la primera plataforma internacional de distribución de narcóticos y de la cuenca del Pacífico”.
Para el experto, la falta de compromiso de los distintos gobiernos en la lucha contra el narcotráfico permitió “que sigan penetrando la estructura estatal, de seguridad, del sistema financiero, judicial y la estructura social”.
Acciones
Pazmiño ve positivas las acciones del gobierno de Noboa, que en “tan corto tiempo ha logrado hacer lo que los otros mandatarios no pudieron” pues “está tratando de controlar al crimen organizado”, algo que, en su opinión, tomará unas cuatro décadas.
“Ha disminuido el nivel de muertes violentas, por un lado, pero también hay incremento en otros delitos”, comentó al destacar, por otra parte, el decomiso de droga en los cuatro meses de Gobierno, entre ellos las 21 toneladas de cocaína halladas en un solo punto.
La lucha contra el narcotráfico “es sumamente grande y por eso las organizaciones delictivas han creado varios santuarios a nivel nacional, se habla de cerca de 187 santuarios, especialmente por donde vienen los corredores de narcotráfico, y esto genera una dinámica de violencia e inseguridad a nivel interno del país”, dijo en referencia a zonas controladas por el crimen organizado.
Según el experto en seguridad, en Ecuador operan varias mafias –entre ellas, mexicanas y albanesas–, y por ello insiste en que el referéndum de Noboa no frenará en su totalidad la inseguridad.
Cambios
Pazmiño ve indispensable modificar la Constitución para combatir la inseguridad, pues la violencia no terminará solo porque haya más control militar, ya que el crimen organizado tiene una diversidad de actividades delictivas: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando de armas, entre otras.
“Esto es una guerra a largo plazo”, en la que la solución no pasa solamente por incrementar control, soldados y armamento, sino también por atender las necesidades de la población: mejores condiciones de vida, trabajo, educación, salud, sostuvo.
En opinión de Pazmiño, una de las principales maneras para frenar la penetración y expansión del crimen organizado es eliminar dos potenciadores: pobreza e inequidad. La última palabra la tendrán los ecuatorianos mañana. (Efe)
Latitud 12
Fabián Vallas Trujillo
Internacionalista
fvallas@editoraperu.com.pe
Consulta contaminada
El impacto originado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado y, luego, el ataque del grupo delincuencial Tiguerones a un canal de televisión en Guayaquil habían creado una atmósfera de necesidad de cambio de las leyes para combatir con mayor eficiencia el crimen organizado.
En aquellos momentos, el presidente Daniel Noboa gozaba de una aceptación de gran parte de la sociedad ecuatoriana, excepto la fuerte oposición política de los seguidores del expresidente Rafael Correa y los movimientos indígenas en la Asamblea Nacional. La encuestadora CB Consultora le otorgaba un 62.5% de apoyo, el más alto de un mandatario en Sudamérica. Pocos podrían dudar del apoyo mayoritario que podría dar la población a las iniciativas legales propuestas que mañana se pondrán en manos de los ciudadanos.
El ingreso de fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Quito y el inicio de apagones por una grave sequía han potenciado al correísmo. La oposición busca aprovechar el bochorno internacional de la detención del exvicepresidente Jorge Glas para que las reformas no sean aprobadas. De este modo, el plebiscito se transformaría en un termómetro político.
No es la primera vez que sucede en Ecuador. Una consulta popular semejante en el tiempo del expresidente Guillermo Lasso sobre seguridad, política y medioambiente se transformó en un arma de censura a su gobierno en el 2023.
Por eso, el resultado de mañana del referéndum también medirá la popularidad de Noboa y si gestionó con éxito ante los ecuatorianos el rechazo mundial que significó el ingreso en la sede diplomática mexicana.
