Editorial
“Es preciso no estigmatizar a las personas que, en pleno uso de sus facultades mentales y por diversos motivos, la mayoría por problemas irreversibles de salud, están luchando por acceder al derecho a una muerte digna”.
Una decisión de tal naturaleza debe ser respetada dado que es imposible conocer en carne propia el calvario por el cual debió pasar durante más de tres décadas esta ciudadana, quien tomó la determinación en pleno ejercicio de sus facultades mentales y luego de una larga batalla legal.
Así lo entendió la justicia que, en todas las instancias, reconoció su derecho a dictar los términos del trance final de su vida y ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) y al Seguro Social (EsSalud) respetar la decisión de someterse a la eutanasia.
Por consiguiente, no corresponde críticar a la protagonista de la historia ni a la justicia, sino aceptar que se trató de una decisión personal, cuya finalidad fue evitar los tormentos que se iban a derivar de la inevitable degradación física.
Concluido el tránsito vital de Ana Estrada, su caso nos deja la lección de que el derecho a la dignidad de la persona debe prevalecer ante consideraciones de menor relevancia, aun cuando ello tenga como resultado la desaparición física voluntaria de una persona.
Asimismo, queda la tarea pendiente de definir con miras al futuro si la posibilidad de acceder a una muerte digna se va a hacer extensiva a toda la población, tal como en su momento lo propuso la Defensoría del Pueblo. Al respecto, debemos recordar que el derecho reconocido para Ana Estrada fue una decisión tomada por la justicia únicamente en su caso y no extensivo para el resto de la ciudadanía.
Quizá nuestro país no esté preparado para una discusión de tal naturaleza en la actualidad; no obstante, es un tema que en algún momento deberá abordarse en el ámbito del Legislativo, tomando como base el caso aquí tratado, el derecho a la dignidad humana, y dejando fuera posiciones atávicas que no enriquecen el debate.
Ello es necesario teniendo en cuenta que el caso de Ana Estrada ha dado visibilidad a un asunto, si bien es cierto controversial, en realidad de necesaria atención por tratarse de un tema vinculado a los derechos fundamentales de los seres humanos.
Por lo expuesto, es preciso no estigmatizar a las personas que, en pleno uso de sus facultades mentales y por diversos motivos, la mayoría por problemas irreversibles de salud, están luchando por acceder al derecho a una muerte digna. En tanto las condiciones legales no se modifiquen, será necesario que la justicia peruana estudie con detenimiento cada caso y emita su veredicto teniendo como finalidad principal cautelar el derecho a la dignidad humana.