Editorial
Se trata de un proyecto de inversión privada cuyos accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) con una participación del 60%, y la peruana Volcan Compañía Minera, con 40%.
Las expectativas con este megapuerto son grandes, pues, según las proyecciones, se convertirá en un hub regional que redistribuirá la carga del Perú, Chile, Ecuador y Colombia, convirtiéndolo en un punto marítimo clave para el comercio entre Sudamérica y Asia, principalmente con el puerto de Shanghái, en China.
Para el país es clave porque significará la generación de 1,300 puestos de trabajo directos y alrededor de 8,000 empleos indirectos por la dinámica económica que se observa en el Norte Chico.
Con una inversión de 3,400 millones de dólares se proyecta que el megapuerto de Chancay tenga un impacto económico de 4,500 millones de dólares anuales, que representan el 1.8% del producto bruto interno (PBI) peruano.
Un punto que debemos resaltar es que el nuevo terminal portuario cumplirá con las normas ambientales, según aseguró el consorcio a cargo de la obra al titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro.
La sostenibilidad ambiental no es costosa, más bien es rentable en el largo plazo. Se trata de reutilizar el agua para no buscar el recurso y pagar nuevamente por eso; de volver a procesar los residuos sólidos para crear otros productos que generen rentabilidad. También se ahorra al pasar de combustibles fósiles a combustibles renovables, bajando la huella de carbono.
Castro explica que el megapuerto de Chancay cumplió con los requisitos de viabilidad técnica y ambiental que se requerían para la construcción y puesta en operación del terminal portuario.
Lo que sigue –señala– es la fiscalización por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuando el terminal portuario inicie sus actividades previstas para noviembre.
Destaca también la posición del Ministerio del Ambiente de hacer cumplir la Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental y no flexibilizar las normas para favorecer a las inversiones privadas.
Castro indica que el plazo máximo que dispone la ley vigente para la evaluación ambiental de un proyecto grande es de 150 días hábiles.
“Estamos sincerando los plazos y cumpliendo con lo que dice la norma, 150 días hábiles y una admisibilidad de cinco días. Lo que hace este Gobierno para impulsar la economía es cumplir con la norma; acá no hay nada de flexibilidad”, ha señalado el titular del Minam luego de participar en el primer Congreso Internacional de Sostenibilidad.
En tiempos en que las empresas giran hacia la economía circular, que implica reusar residuos líquidos y sólidos, así como comprometerse con preservar las costumbres y tradiciones de las comunidades donde operan, es relevante que el consorcio a cargo del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay se comprometa a cumplir con las normas ambientales.