Derecho
El procedimiento concursal puede ser ordinario o preventivo, dependiendo de la situación financiera del deudor. En el procedimiento concursal ordinario, el deudor se encuentra en una situación de insolvencia patrimonial o financiera, lo que puede llevar a la reestructuración patrimonial o a la disolución y liquidación de la empresa. Por otro lado, en el procedimiento concursal preventivo, el deudor es solvente, pero necesita refinanciar sus obligaciones para estabilizar sus saldos. Michelle Barclay, socia de la práctica de Reestructuración e Insolvencias de CMS Grau, explica que una de las principales consecuencias legales es que todas las obligaciones contraídas hasta el momento de la difusión se vuelven inexigibles. “Esto significa que el deudor no puede cancelarlas directamente porque su pago debe someterse a la decisión de la junta de acreedores, así también se suspende automáticamente todas las medidas de ejecución sobre el patrimonio del deudor”, agrega Barclay. Por su parte, Víctor Farro, socio de la práctica de Reestructuración e Insolvencias de CMS Grau, considera importante que los acreedores tomen en cuenta que la fecha de difusión de un concurso inicia la etapa de reconocimiento de créditos. Esto quiere decir que los acreedores tendrán un plazo de hasta 30 días hábiles para personarse ante el Indecopi y solicitar el reconocimiento de sus créditos. “Los créditos concursales son aquellos devengados hasta la fecha de difusión y deben someterse a la regla de pagos que la Junta de Acreedores acuerde al interior del procedimiento concursal”, detalla Farro. Para el caso de un procedimiento concursal ordinario, el deudor puede experimentar cambios en la administración de la empresa, incluida la sustitución del directorio. Sin embargo, en el procedimiento concursal preventivo, el deudor conserva el control sobre el negocio. En ese sentido, los expertos recomiendan a los negocios sometidos a concurso a adoptar las medidas que se requieran para facilitar el flujo de información necesaria al procedimiento concursal y restringir sus gastos a lo estrictamente necesario para la conservación del patrimonio. Además, el deudor debe tener cuidado con los actos y contratos celebrados en el denominado “período de sospecha”, que se establece de forma retroactiva hasta un año antes del emplazamiento o pedido de inicio del concurso. ¿Qué medidas deben considerar los acreedores? En primer lugar, los acreedores deberán presentarse oportunamente en el procedimiento concursal para obtener el reconocimiento de sus créditos y puedan ejercer su derecho a voto respecto a las decisiones que se sometan a aprobación en la junta, como el acuerdo global de refinanciación en el marco. del concurso preventivo, así también su derecho a impugnar, si es que su porcentaje de participación lo permite. “De igual manera, deben solicitar al deudor toda la información relevante sobre el tratamiento que están recibiendo sus créditos, es decir, cómo serán calificados”, explica Víctor Farro, socio de Reestructuración e Insolvencias de CMS Grau. Ante la posibilidad de la conformación de una administración mixta, es decir, una entidad administradora registrada en el INDECOPI con el apoyo de la gerencia original del deudor es importante que los acreedores se informen sobre los perfiles profesionales de las entidades registradas en el INDECOPI y de la plana gerencial del deudor.
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