Editorial
“En materia de la manipulación de combustibles, los protocolos de seguridad tienen que acatarse de forma estricta y no debe haber espacio para la informalidad[...]”.
Dada la fuerza de la explosión, que incluso se sintió en otras tres jurisdicciones aledañas, dicho evento pudo ser una tragedia con más víctimas mortales. Sin embargo, afortunadamente, se registraron solo heridos de diversa consideración y cuantiosos daños materiales.
El hecho debe ameritar una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes a fin de determinar las causas y las responsabilidades si las hubiera. Es primordial cumplir con este paso porque saber a ciencia cierta qué ocasionó el incidente servirá para aplicar los correctivos necesarios con el propósito de evitar acontecimientos similares en el futuro.
En tanto, la reacción del Gobierno ha sido oportuna. Desde el mismo día del suceso, los ministros de Salud y del Interior acudieron al lugar de los hechos para coordinar las labores de asistencia a las víctimas y a los afectados.
Asimismo, y con esa finalidad, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el Ejecutivo declarará en emergencia los distritos afectados y que otorgarán un bono a las familias cuyas viviendas han sido dañadas por la onda expansiva.
Estas medidas son adecuadas considerando la difícil situación en que se encuentran muchos compatriotas y la urgencia de asistirlos. La declaratoria de la emergencia permitirá a las autoridades e instituciones pertinentes, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) intervenir con celeridad, obviando formalidades burocráticas, para ayudar a los afectados.
Del mismo modo, el bono económico anunciado contribuirá a que las familias damnificadas emprendan las reparaciones en sus viviendas a fin de recuperar la habitabilidad, en algunos casos extremadamente afectada por la onda expansiva.
Sin embargo, igual de importante que las medidas citadas es fiscalizar de modo exhaustivo todos los locales de expendio de combustible a escala nacional para garantizar que cumplan con lo establecido por la ley en materia de seguridad y prevención de incidentes.
Esta tarea es prioritaria y debe cumplirse de forma estricta para detectar cualquier punto débil en la seguridad, fomentar la prevención y, sobre todo, evitar sucesos similares que enluten los hogares de más peruanos en el futuro.
En materia de la manipulación de combustibles, los protocolos de seguridad tienen que acatarse y no debe haber espacio para la informalidad, pues esta es capaz de cobrarse vidas, como ocurrió en el 2020, cuando un camión que transportaba gas explotó en el distrito de Villa El Salvador y mató a 30 personas producto de imperdonables negligencias.
Aprendamos de la experiencia y evitemos que casos así se repitan.