Opinión
Abogado
Sin embargo, esta noticia se extinguió y fue reemplazada por grandes titulares que daban cuenta, por un lado, de la detención requerida por el Ministerio Público del abogado defensor de la señora presidenta de la República y la de su hermano que, días después, el propio Poder Judicial determinó que la medida fue arbitraria e ilegal, procediendo a revocarla y disponiendo la inmediata liberación de los detenidos; y, por otro lado, el intento fallido de la vacancia presidencial, que el Congreso de la República la desechó, comprendiendo que, sin negar su legitimidad y amparo constitucional, este mecanismo democrático debe utilizarse con suma racionalidad y cuidado, por encontrarse de por medio no solo la figura presidencial y el propósito político de la interrupción de su mandato, y entrar a un escenario de elecciones y confrontación, sino además por los efectos de inestabilidad política que esta desencadena, desincentivando la inversión que, precisamente, es lo que el país requiere para inyectar recursos frescos en la economía, dinamizar la producción y generar empleo y mejores niveles socioeconómicos y de bienestar para la población.
Lo que aún no se quiere ver en el Perú, es que nuestra frágil democracia requiere estabilidad política que genere confianza hacia nosotros y al exterior, a pesar de que habían empezado a vernos como país emergente y poseedor de grandes riquezas y recursos naturales, aún no aprovechadas en su verdadero ritmo y magnitud, tal como lo han reafirmado los 24 gobernadores regionales, reunidos el fin de semana en la ciudad de Lima, en claro y oportuno reconocimiento al enorme sacrificio que nos ha costado a los demócratas recuperar y rescatar la democracia de las fauces del extremismo, la corrupción y la ineptitud expresada en gobernantes que dejaron cifras sociales que limitan e impiden la implementación y puesta en marcha de cualquier política pública o proyecto de Estado orientado a enfrentar ese flagelo social que destruye sociedades y naciones, como es la pobreza.
Nuestro deber patriótico no puede ser otro que mantener intacta nuestra democracia, el Estado de derecho y la independencia de los poderes del Estado, a costa inclusive del natural desgaste político que podría representar el respaldo a la gobernabilidad, estando seguros de que nuestra mayor recompensa ante el compromiso asumido con el Perú será la de lograr que los peruanos, empezando por su clase política, retomen su mirada en la lucha frontal y transversal contra la pobreza que lidera la presidenta constitucional de la República.
La pobreza es la verdadera enemiga del Perú y el principal impedimento para el crecimiento y el desarrollo económico.
Preocupa por ello que aún no se quiere entender la íntima relación de la pobreza con el Estado de derecho, la estabilidad política, el respeto a las libertades y la correcta administración de justicia; y, desde luego, con la eficacia y eficiencia de la gestión y la gerencia pública, de lo que se concluye que la pobreza no se reducirá ni mucho menos se eliminará, solo con más presupuesto público, destinado a los programas sociales de asistencia a los más pobres, que es necesario para asumir la coyuntura y selectivo para algunos segmentos vulnerables; la pobreza cederá con mecanismos eficaces para garantizarle a los más pobres la obtención de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas; y, eso solo se logra con más inversión productiva que genere empleo para más peruanos y distribuir la que genera el aprovechamiento y explotación de nuestros recursos naturales, traducida en canon para la inversión pública descentralizada y de calidad, invertida en la salud pública, el saneamiento básico, la educación y la agricultura. No hay otra forma de combatir a la pobreza sino con las herramientas que nos brinda la inversión. Por esa razón, se requiere de la estabilidad política y la confianza interna y externa en el país, para fortalecer su gobernabilidad y la conversión del país en nación atractiva a las inversiones y al comercio mundial en el que, además, ya estamos inmersos y con un sitial reconocido.
Miremos entonces la pobreza como nuestra principal y verdadera enemiga de todos los peruanos. No hacerlo y colocar piedras en el camino de la gobernabilidad y la paz entre todos los peruanos, significará abonar un escenario propicio para el caos y la anarquía, esa que ahuyenta la inversión y el crecimiento, y nos conduce a transitar entre la destrucción del país y la complicidad de quienes tienen interés en mantener la pobreza como el gran negocio político que les permite el continuismo de levantar falsas banderas de justicia y reivindicación social.