Política
Expresó que la propuesta para reemplazar a la JNJ por la Escuela Nacional de la Magistratura es un acto político, como lo fue antes la decisión de crear el primer organismo al desactivar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
“La propuesta de aquel entonces de reemplazar al Consejo y ahora la Escuela no implica, no significa de modo alguno que se vaya a intervenir la justicia […] Lo que rescato es que tiene que haber una carrera judicial y una carrera fiscal”, declaró.
Agregó que está a favor de la institucionalidad y que “lo importante aquí es que no se está desapareciendo ni la Fiscalía ni el Poder Judicial”.
“Antes hemos hecho un modelo [para nombrar jueces y fiscales] en que participaba la sociedad civil, con el CNM, me parecía un modelo interesante. Luego vino un segundo modelo [el de la JNJ], en que solo había abogados, ahora hay un tercer modelo, en el que participan solo magistrados”, sostuvo.
Falta debatir
El titular del Minjusdh expresó, además, que el mencionado dictamen es un tema a debatir, ya que todavía debe verse en el Pleno del Congreso, y que en su momento opinarán.
Por otro lado, evitó pronunciarse sobre el tema del exmagistrado César Hinostroza, quien podría volver a ejercer como abogado debido a que su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por cinco años venció en octubre del 2023.
Sostuvo que el tema es de competencia de la Procuraduría y que “cualquier opinión que dé el Minjusdh puede ser tomado como un acto de politización”.
Rechazo
Mediante un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunciaron sobre la eliminación de la JNJ y la designación y remoción de los titulares de la ONPE y del Reniec por parte del Senado. Ambos organismos recordaron que actualmente la designación de dichas autoridades viene precedida de un concurso público de méritos, organizado por la JNJ, y que puede ser apreciado por la población en sus etapas técnicas.
“La reforma aprobada por la Comisión de Constitución establece que un órgano político como el Senado designe y remueva a las autoridades electorales, lo cual implica que tanto la designación como la permanencia en el cargo de dichas autoridades se realice sobre la base de una valoración política y no de carácter técnico y de idoneidad para el cargo”.