Editorial
La finalidad de las intervenciones orientadas a lograr ese objetivo es clara: mejorar la calidad de vida de la población brindándole acceso a la electricidad.
Contar con este tipo de matriz energética representa en la mayoría de casos la diferencia entre la precariedad social y gozar de condiciones óptimas para el desarrollo personal.
Por ejemplo, en una localidad provista de energía eléctrica, los niños y adolescentes en etapa escolar pueden estudiar más horas dado que cuentan con iluminación en sus hogares. Con ello se elimina, además, el riesgo de incendios y accidentes causados por el uso inadecuado de velas y otros utensilios similares.
Asimismo, la electricidad abre la posibilidad de emprender una diversidad de negocios, mejorar la comunicación con el uso de teléfonos celulares, impulsar la educación mediante el uso de internet, así como contribuir a convertir las localidades en espacios más seguros y con menos delincuencia, entre otros beneficios.
Por tales razones, el Estado peruano tiene como prioridad extender la cobertura de energía eléctrica a todo el país y una buena noticia al respecto es que se consiguen avances significativos.
De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el transcurso del presente año la cobertura eléctrica rural superará el 88% y en el 2026 llegaría al 96%, cifras que comprueban que cada vez más peruanos de estas áreas acceden a un servicio que puede transformar sus vidas y las de sus comunidades.
Asimismo, el sector prevé una inversión de 356 millones de soles para alcanzar las metas señaladas en 15 regiones y con la perspectiva de beneficiar a 146,000 habitantes.
El Estado se encuentra en la obligación de ejecutar acciones perentorias con el propósito de garantizar a la población de las zonas rurales del país el mismo servicio de energía eléctrica al que accede la población de las grandes ciudades.
Al respecto, es plausible que se desarrollen importantes proyectos a escala nacional para cumplir con esa obligación en beneficio de miles de compatriotas que hasta la fecha no cuentan con energía eléctrica en sus hogares. La justicia social no puede ser solo una expresión a la que autoridades recurren en discursos y documentos oficiales, sino acciones concretas desplegadas con la finalidad de atender una necesidad de la población y mejorar su calidad de vida.
Esperamos que las metas trazadas por el Minem puedan alcanzarse y que en un plazo razonable el 100% de nuestros compatriotas que habitan en zonas rurales accedan a la energía eléctrica.