emite resolución con requerimiento a estado peruano
Corte IDH se pronuncia sobre proyecto legislativo
Pide suspender trámite de PL sobre prescripción de delitos de lesa humanidad.
Según la resolución difundida en su cuenta oficial en la red social X, la Corte IDH adopta esta medida “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
En ese sentido, pide suspender inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR, el cual se encuentra pendiente de segunda votación por el pleno del Congreso de la República, hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, la Corte IDH convocó al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes, que se celebrará de manera virtual el lunes 17 de junio del 2024 desde las 8:30 horas hasta las 10:00 horas, horario de Costa Rica, durante el 168° Período Ordinario de sesiones de esta Corte.
Notificación
Asimismo, se dispuso que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de ambos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 6 de junio pasado, el pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley N° 6951/2023-CR “que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, el cual permite la prescripción del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Perú antes del 2002.
Fiscalía
El Ministerio Público señaló que es “jurídicamente inviable” e “inconstitucional” el dictamen, aprobado por el pleno del Congreso, en primera votación, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país antes del 2002.
En un comunicado, suscrito por la Junta de Fiscales Supremos, expresó su postura institucional de rechazo debido a las implicancias negativas que tendría esta propuesta, aprobada recientemente por el Parlamento.
Congreso pide respeto
El Congreso de la República expresó su rechazo al pronunciamiento del Ministerio Público con respecto a los proyectos de ley que han sido tramitados por la representación nacional. El poder del Estado pidió que se respete la labor parlamentaria, en arreglo al principio de separación de poderes, y afirmó que los congresistas velan por el respeto a la Constitución y las leyes.
“Existen los mecanismos constitucionales para impugnar las leyes, por lo que rechazamos que se pretenda incitar a la población a actuar contra el orden democrático”, sostiene el documento.
Exhortaron al Ministerio Público a “dejar de lado la politización” y centrar sus esfuerzos en luchar contra la inseguridad ciudadana.
