Opinión
Asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP
Concluyó otra legislatura congresal sin llegar a definiciones sobre la largamente postergada reforma previsional. En esta oportunidad, si bien sí se logró aprobar un texto en segunda votación, luego se presentaron dos recursos de reconsideración que al cierre de la legislatura no se votaron, por lo que el tema quedó en suspenso.
Hoy tres de cada cuatro trabajadores están excluidos del sistema previsional, y las pensiones para quienes sí lo están son a menudo insuficientes. ¿Qué mayor evidencia de que se requiere una reforma integral cuanto antes? Por ello es lamentable que no exista un mayor sentido de urgencia entre los actores del Ejecutivo y Legislativo.
La propuesta de reforma que quedó en suspenso, sin ser perfecta, tiene elementos positivos y va en el camino correcto. Algo importante es que incluye una serie de elementos sobre los que hace un buen tiempo existe consenso entre los actores especializados que se han pronunciado sobre la materia. Por ejemplo, la necesidad de introducir una pensión mínima, la apertura a mayor competencia, la incorporación gradual de los independientes, entre otros.
No obstante, algo que ha recibido cierto cuestionamiento es lo relacionado con el costo fiscal que tendría la reforma propuesta. Al respecto, creo importante hacer dos observaciones.
Lo primero es que resulta fundamental comprender que será imposible hacer una diferencia significativa en el nivel de pensiones que reciben los peruanos si no tomamos una decisión colectiva y hacemos un esfuerzo para destinar más recursos para nuestro futuro.
Y esto no solo incluye a los trabajadores o empleadores, sino también al Estado. Y es que hoy, el Perú destina solo 1.17% de su PBI para pensiones (4.5% del gasto público), cifra sumamente baja para cualquier estándar. Como comparación, los países de la OCDE asignan en promedio 9.2% del PBI (21.6% de su gasto público) a este fin.
Así, por más alta que sea la rentabilidad que obtengamos para los fondos que destinamos al ahorro futuro, si el nivel de fondos invertido es muy bajo, el nivel de pensión también lo será.
Por supuesto que cuidar la sostenibilidad fiscal debe ser una prioridad en el diseño de cualquier política. Pero ello no significa que el gasto público deba permanecer estático, sino que los incrementos deben ser graduales, planificados, y en consonancia con la trayectoria esperada de ingresos del Estado. Cerrarnos a cualquier reforma que implique mayor gasto público sería renunciar a la posibilidad de mejorar las condiciones de vida para más peruanos.
Así como en el pasado se han logrado consensos para elevar el gasto público en educación, lo mismo debiera plantearse en el ámbito previsional. Siempre con responsabilidad y sin comprometer la sostenibilidad de nuestras finanzas. Sí es posible.
El otro elemento que me parece importante destacar es que para hacer una correcta evaluación de cualquier política pública es fundamental realizar una rigurosa estimación de costos. En el caso de la actual propuesta, existen grandes discrepancias en las estimaciones de la Comisión de Economía, por un lado, y del Consejo Fiscal, por otro. Es imperioso llevar adelante un análisis más profundo, en el que puedan participar entidades como el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, para llegar a una cifra más fina.
Es también de notar que el costo de esta reforma no debe ser comparado con un costo nulo. Pues la realidad es que, dadas las tendencias demográficas, aun si no hubiera reforma alguna, el Estado tendrá que ir destinando cada año mayores recursos a Pensión 65 y a subsidiar a la ONP.
Por ello, lo fundamental es enfocarse en el costo verdaderamente incremental que la reforma en cuestión tendría. Es decir, contrastar el costo de esta contra un escenario futuro contrafactual, no contra el escenario actual.
Afortunadamente, en el Perú contamos con técnicos e instituciones que estarán en capacidad de llegar a un concenso sobre los costos de la reforma, y sobre las ajustes que sean necesarios para alcanzar el objetivo de incluir a más peruanos, mejorar sus pensiones, y no comprometer la tan importante sostenibilidad de las finanzas públicas.