Derecho
Periodista
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El documento, que se aprobó mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 008-2024-OEFA/CD, precisa también que las actividades programadas se encuentran enmarcadas en el cumplimiento del ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental, las cuales se priorizaron en función de la problemática ambiental analizada.
Instrumentos
De igual modo, el Planefa 2025 indica que a fin de retroalimentar el proceso de fiscalización ambiental y mejorar la normativa ambiental, se programó la aprobación y/o formulación de 11 instrumentos normativos basados en problemas regulatorios identificados.
“Es preciso señalar que, con la finalidad de mejorar el proceso de formulación normativa, se aplica el ciclo regulatorio, que es un proceso sistémico, dinámico y completo que abarca el diseño, elaboración, aprobación, implementación, cumplimiento, seguimiento, evaluación y mejora de la regulación en base a evidencia”, subraya.
Esas mejoras, explica, podrán ser de carácter regulatorio o no regulatorio. Las opciones regulatorias se aplicarán cuando no exista alguna otra solución no regulatoria superior en términos de costo-efectividad para solucionar un problema público, e incluso en caso de duda sobre la necesidad de dictar una regulación, se optará por no dictarla, conforme a lo previsto en la Ley general de mejora de la calidad regulatoria, anota.
El Planefa 2025 aclara que “la cantidad planteada puede involucrar resultados no regulatorios en atención a las evidencias que se obtengan de la verificación de la información disponible sobre el ejercicio de las funciones normadas”.
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Mediante las acciones programadas, recalca, “se espera contribuir con la mejora en el cumplimiento de obligaciones ambientales; así como la solución de los problemas identificados de manera específica, según el área de influencia de las actividades, temas de competencia del OEFA y las intervenciones de carácter ambiental que identifique el Gobierno”.
De acuerdo con el documento, la programación de actividades y productos del Planefa 2025 se complementará con acciones de difusión y capacitación que serán la base para promover una cultura de cumplimiento ambiental.
“Si bien lo apropiado es una aplicación progresiva de las estrategias de cumplimiento, desde las menos invasivas hasta aquellas que se consideran de última ratio, esto dependerá de la forma como se desempeñen los administrados en cada sector y del riesgo o daño que generen”, advierte.
En este contexto, el Planefa 2025 detalla que el OEFA es competente para fiscalizar directamente los sectores de minería: gran y mediana minería; energía: hidrocarburos y electricidad; pesca: procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa; industria: manufacturera y comercio interno; y agricultura: subactividad pecuaria, agrícola e irrigación, control y vigilancia de organismos vivos modificados.
Figura también residuos sólidos: infraestructuras de residuos sólidos, áreas degradadas por residuos sólidos municipales y no municipales, celdas transitorias instaladas en el marco de la declaratoria de emergencia en la gestión y manejo de los residuos sólidos, Planes Provinciales de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (PIGARS) y Planes Distritales de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMR). Se añade las consultoras ambientales.
Criterios
El documento revela que los principales criterios considerados para la elaboración del Planefa 2025 se basan en el análisis de la problemática ambiental, sobre el cual se priorizaron las acciones de fiscalización ambiental del presente año.
Así, establece criterios generales que son de corte transversal y se obtienen mediante la información de las fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen indicadores ambientales que evidencian que existen distritos con algún riesgo ambiental relacionado con la calidad del agua y del aire, denuncias ambientales, diagnósticos de salud relacionados con temas ambientales, puntos críticos no atendidos de residuos sólidos, categorización de áreas no protegidas, conflictos socioambientales, entre otros.
Mientras, sobre la base de la clasificación de los distritos a escala nacional según su riesgo ambiental, se determinan los criterios específicos por cada subsector de intervención, que tienen en consideración los aspectos de priorización vigentes.
Estos últimos se formulan con base en cómo esas actividades en función a sus particularidades inciden significativamente en los componentes ambientales –como por ejemplo en función a la envergadura o peligrosidad de la actividad–, lo que implica que la entidad ponga especial énfasis en su fiscalización, puntualiza el plan.
Mejora regulatoria
A fin de retroalimentar el proceso de fiscalización ambiental y mejorar la normativa ambiental, la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria programó la aprobación/formulación de 11 instrumentos normativos originados por iniciativas de mejora regulatoria que se plantean a partir de problemas regulatorios identificados con base en diversos criterios de priorización, precisa el Planefa 2025.
Entre estos, figuran el riesgo de una baja efectividad de respuesta de la regulación vigente frente a un problema de política pública en materia de fiscalización ambiental; así como la diversidad de criterios en el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental.
Además, figura la ausencia de regulación que condiciona el ejercicio de alguna de las funciones de fiscalización ambiental; y más de una función de fiscalización ambiental que está involucrada en el problema de política pública identificado.
El documento detalla, a la par, que más de un sector (actividades productivas, extractivas o de servicios) está involucrado en el problema de política pública identificado; más de un órgano de línea del OEFA está involucrado en el problema público identificado; la vinculación con políticas o planes nacionales o multisectoriales; e iniciativas que cumplen con el ciclo de gobernanza regulatoria.
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) August 2, 2024
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