Opinión
Abogado especialista en Seguridad Alimentaria
Más allá de estas frases, encontramos dos grupos de tendencias en cuanto a políticas públicas alimentarias: una menos intervencionista, que relativiza el subsidio alimentario argumentando que anula el esfuerzo individual, y otra más solidaria, que exige prioridad y presupuestos. El Perú, como signatario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), reconoce el derecho a la alimentación adecuada y a la protección contra el hambre.
En este contexto, existe a menudo confusión en los términos pobreza, pobreza extrema, inseguridad alimentaria y hambre. En el Perú (datos del 2023), la pobreza afecta al 29% de la población, mientras que la pobreza extrema alcanza al 5.7%. La inseguridad alimentaria se refiere a la falta de acceso a una dieta saludable. En este sentido, los estudios muestran dos segmentos bien diferenciados: inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria grave. Según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2023), la inseguridad alimentaria grave en el Perú afecta al 20% de la población, mientras que otro estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en colaboración con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) (2021), la sitúa en un 4%.
Es incorrecto asumir que la inseguridad alimentaria equivale al hambre, ya que puede haber inseguridad alimentaria por consumir una dieta no saludable, por comer en exceso o por ingerir alimentos de manera insuficiente. La inseguridad alimentaria por insuficiencia, que se manifiesta en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, es lo que más se acerca a representar el hambre en el Perú. Este porcentaje debería aproximarse al de la población en extrema pobreza, que llega al 5%, dato que también se acerca al porcentaje de subalimentación reportado por la FAO, que es del 7%
Es importante que las políticas públicas se orienten a evitar el hambre en la población y a alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. El “¿cómo?” es el debate. En el marco de la Política de Estado N° 15 del Acuerdo Nacional (“Política de Estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional”), el Estado peruano tiene programas de subvención para las poblaciones en pobreza y extrema pobreza, como Juntos, Pensión 65, Qali Warma, Vaso de Leche, y apoyos a comedores populares y clubes de madres. Si bien se puede decir que estos programas necesitan mejor cobertura o focalización, es innegable que existe intervención.
Asimismo, resulta relevante conocer que el rol del Midagri es asegurar la disponibilidad y sostenibilidad de los alimentos en los mercados peruanos. En este punto pueden darse desequilibrios entre la necesidad de producir más para asegurar la disponibilidad de alimentos y la saturación de los mercados, lo que puede llevar a caídas de precios en chacra, afectando los ingresos de los pequeños agricultores.
Mucho se puede decir de lo que nos falta, pero también hay otro factor trascendental: la política pública que promueve inversión, infraestructura y empleo se convierte finalmente en la mejor arma para la lucha contra la pobreza. Que la población tenga un empleo digno y progresivamente mejor remunerado es lo mejor que podría sucederles a las familias, sin olvidar que el Estado siempre tendrá que auxiliar a quienes caen en situación de vulnerabilidad.
El hambre es una situación que afecta a casi 700 millones de personas en el mundo, incluso en países desarrollados, y el Perú no es ajeno a esta realidad. Sin embargo, resulta incorrecto afirmar que 17 millones de peruanos pasan hambre, ya que esta afirmación no se sustenta en el último informe de la FAO ni en ninguna otra fuente estadística. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que “entre el 5% y el 7% de la población peruana tiene altas probabilidades de pasar hambre”, un dato que se encuentra por debajo del promedio global (9.4%) y muy cercano al promedio regional de América Latina, que asciende al 6.2%.
Cabe destacar que la propia FAO reporta que el Perú ha logrado reducir la prevalencia de la subalimentación en la población, pasando de un 17.7% en el período 2004-2006 a un 7% en el 2023. Esta notable caída es consecuencia, por un lado, del crecimiento económico que ha dinamizado el ingreso de las familias, aunado a la estabilidad de precios (en serie histórica comparativa) en los últimos veinte años; y, por otro lado, del despliegue de mecanismos de protección social y alimentación complementaria del Estado.