Editorial
El problema de la corrupción no es nuevo. Ya en la época del Virreinato, bajo dominio español, los corregidores no rendían cuenta al fisco y ocultaban los tributos de los indios y de las aduanas, el contrabando estaba desbordado y la práctica de venta de cargos era común, según el historiador Alfonso Quiroz.
En la etapa republicana, esta mala práctica floreció cuando el Estado recibía en forma excepcional grandes ingresos. Esto ocurrió con el auge de la venta de guano, el comercio de materias primas o de las empresas públicas.
Uno de los graves problemas latinoamericanos es que un sector de la población tiene la percepción de que esta práctica es normal. Los gobiernos se acostumbran a no rendir cuentas de sus gastos ante la sociedad y las instituciones no cumplen con frenar dichos actos, que al final agravan la pobreza y la desigualdad.
Por tal motivo, en su mensaje del 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte pidió a la ciudadanía un papel activo en la lucha contra este flagelo y denunciar los casos de malos funcionarios que lucran con el dinero de todos los peruanos.
En el presente año, como lo reveló la Mandataria ante el Congreso, se brinda asistencia técnica “a 450 entidades en los tres niveles de gobierno para fortalecer su capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción, para lo cual se implementa el Modelo de Integridad en 152 entidades del Poder Ejecutivo, 25 gobiernos regionales, 9 organismos constitucionalmente autónomos, así como en el Poder Judicial y el Congreso”. Además, se prevé aumentar la asistencia técnica a 600 entidades públicas a julio del 2025.
El Modelo de Integridad es una guía para las entidades del Estado en la implementación de una estructura de prevención de corrupción con base en estándares y buenas prácticas internacionales.
En la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2018-2021) ya se establecen medidas preventivas del Estado frente a este grave mal que afecta a la sociedad. Se disponen medidas como la transparencia del manejo de las entidades públicas y acceso a la información pública de cualquier ciudadano, que deben ser actualizados en los portales de transparencia de cada entidad.
También plantea un código de ética, una política de conflictos de intereses, un sistema de control interno, capacitación permanente de políticas de integridad, evaluación del clima laboral, sistema de canalización de denuncias anónimas, entre otros.
Si deseamos terminar con la corrupción, debemos empoderar las instituciones y la sociedad civil para seguir denunciando estas malas prácticas. Solo así el fisco tendrá más dinero para construir escuelas y hospitales.