Editorial
“Es necesario que el Estado fortalezca las políticas de prevención y manejo de riesgos, que incluya un acceso más equitativo a créditos, seguros agrarios y asistencia técnica para modernizar la agricultura familiar”.
Esta acción, aunque limitada en su alcance económico, es un paso crucial para mitigar los devastadores efectos de los siniestros en las regiones rurales del país. Además, refleja una respuesta estatal ante la vulnerabilidad que enfrentan estos agricultores, que ya de por sí trabajan en condiciones precarias, con acceso limitado a la tecnología, mercados y seguros contra riesgos climáticos.
La agricultura familiar en el Perú constituye una pieza clave en el tejido socioeconómico. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), más del 70% de los alimentos consumidos por los peruanos provienen de esta forma de producción. Los pequeños productores, a menudo organizados en cooperativas o trabajando de manera individual, no solo alimentan al país, sino que también sostienen la economía de las zonas rurales. Sin embargo, su sustento se ve continuamente amenazado por fenómenos climáticos extremos, como sequías, heladas e incendios forestales, cuya frecuencia ha aumentado en los últimos años debido al cambio climático.
El bono de 1,000 soles no debe verse únicamente como un alivio económico, sino además como un reconocimiento del Estado a la importancia de estos agricultores en la cadena de suministro alimentario del país. Al ayudarlos a recuperarse, se está asegurando la continuidad de la producción agrícola, protegiendo la seguridad alimentaria y preservando el sustento de cientos de miles de familias. Sin embargo, esta medida debe ser solo el primer paso de un conjunto de acciones más amplias y estructurales. Es necesario que el Estado fortalezca las políticas de prevención y manejo de riesgos, que incluya un acceso más equitativo a créditos, seguros agrarios y asistencia técnica para modernizar la agricultura familiar.
El impacto de los incendios forestales ha sido devastador en las regiones Cusco, Apurímac y Ayacucho, entre otras, donde muchas familias han perdido no solo sus cultivos, sino también animales y herramientas primordiales para su labor. El bono representa una luz de esperanza para los que han visto sus esfuerzos reducidos a cenizas. No obstante, si no se acompaña de medidas adicionales, este alivio solo será efímero.
En este sentido, es fundamental que el Gobierno trabaje en la creación de un plan integral de reactivación rural que incluya programas de reforestación, capacitación y mejoras en las infraestructuras. El bono resulta un buen inicio, pero para garantizar el bienestar de millones de peruanos que dependen de la agricultura se debe apostar por políticas sostenibles y de largo plazo, que fortalezcan la resiliencia del campo frente a futuras crisis.