Política
“El éxito de estos operativos demuestran la efectividad del trabajo articulado contra la minería ilegal, y reafirman la convicción de continuar luchando hasta erradicarla del país. Instamos a más actores del Estado y de la sociedad civil a sumarse a este esfuerzo”, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Los operativos contaron con la participación de efectivos del Ejército del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), y la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, así como con presencia de representantes de las fiscalías especializadas en medioambiente. La mayor parte de las interdicciones se desarrolló en las regiones de Madre de Dios y La Libertad. También hubo operativos en Amazonas, Piura, Tacna, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Junín.
Entre los bienes incautados figuran retroexcavadoras, bombas de succión, balsas, motores, galones de petróleo y dinamita, entre otros objetos que eran destinados a esta actividad ilícita.
Estrategia
Para fines de setiembre se culminará de elaborar la actualización de la estrategia nacional de interdicción, la cual es elaborada por la Comisión Multisectorial para la Formalización Minera, la Erradicación de la Minería Ilegal y la Recuperación del Ambiente, liderada por la PCM.
Esta estrategia dotará de un enfoque integral a la lucha contra la minería ilegal, porque, además de los operativos de interdicción, impulsará la formalización de la minería; el desarrollo de economías alternativas; la trazabilidad de los insumos que se emplean en esta actividad ilícita; el fortalecimiento institucional de las fiscalías y las direcciones regionales de Energía y Minas; la bancarización, y un mayor control de la comercialización.
Formalización
La formalización es clave para la lucha contra la minería ilegal y toda actividad económica ilegal, destacó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Dario Zegarra.
“Le debemos dar un doble clic a la voluntad política y debemos ser todos vigilantes para que se tenga responsabilidad clara en el proceso de formalización, de fiscalización y trazabilidad. Y que no se quede sencillamente en el discurso y la voluntad política, sino que se tomen acciones concretas para ello”, señaló.