Política
“Descartamos que el proyecto tenga el propósito de mermar el derecho fundamental de los ciudadanos a la protesta. Respetamos la movilización y la protesta social, lo único que pedimos es que las protestas se realicen de manera pacífica”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial desde el Parlamento, a donde acudió para presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
“No podemos tolerar el vandalismo, la protesta criminal, la que en su momento ha impedido que, con las carreteras bloqueadas, las ambulancias pasen; aquella protesta que significó la quema de sedes de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, y de comisarías. Esa protesta no la aceptamos y no la vamos a tolerar. Por lo demás, el pueblo tiene el libre derecho de manifestarse libremente”, anotó.
Propuesta
El titular de la PCM también anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso que se le permita participar en el debate en torno al texto sustitutorio sobre terrorismo urbano. “Creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que emplear otro tipo de lenguaje. A las cosas hay que llamarlas por lo que son”, manifestó.
En relación con la disposición complementaria del proyecto de ley sobre terrorismo urbano que presentó el Ejecutivo, explicó que esta solo busca garantizar la protección constitucional y legal de los efectivos de la Policía y Fuerzas Armadas.
Presupuesto
El jefe del Gabinete inició la jornada en el Congreso con la sustentación de las modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto supremo durante el cuarto bimestre del 2024 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
Durante su exposición, explicó que en el bimestre julio-agosto se emitió el Decreto Supremo N° 131-2024-EF para financiar el pago de adelantos, valorizaciones y gastos correspondientes a la ejecución de 12 proyectos de inversión de la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin) por un total de 1,900 millones de soles, de los cuales se han ejecutado 749 millones 793,236 soles hasta la fecha.
También explicó que el Decreto Supremo N° 136-2024-EF permitió financiar con 105,437 soles el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución.