Editorial
“De cruzarnos de brazos y no hacer nada frente a un problema de esta magnitud, las consecuencias las pagaremos nosotros y las futuras generaciones del país.”
Conocemos que algunas zonas del país están bajo ataque de estas organizaciones. La región Madre de Dios es una de ellas. Grandes extensiones de selva amazónica ubicadas en esta jurisdicción han sido deforestadas por el empleo de maquinaria pesada y químicos para la extracción de metales preciosos, como el oro. Las consecuencias son la pérdida de bosques, la contaminación de la tierra, ríos y lagunas, así como la pérdida de especies silvestres tanto de fauna como de flora.
No obstante, no se trata de la única región del país actualmente en riesgo por la minería ilegal. Desde hace un tiempo sabemos que mineros ilegales provenientes del Ecuador están actuando en nuestro territorio, específicamente en el área de la Cordillera del Cóndor, en la búsqueda del metal precioso.
Si bien las consecuencias son nefastas para el ecosistema, el daño no se limita solo al ámbito ambiental. La minería ilegal fomenta el surgimiento de otros delitos igualmente graves, como la trata, el robo y la extorsión, entre otros. Asimismo, configura un escenario crítico para la seguridad de las comunidades y pueblos amazónicos asentados en las zonas naturales donde opera este flagelo. Muchos dirigentes y líderes comunales que protestan son cohersionados de forma permanente para no denunciar ni interferir en estas ilícitas actividades e incluso varios han sido asesinados.
Por estas razones, la erradicación de la minería ilegal es un desafío pendiente que nuestras autoridades no deben evadir. Por el contrario, urge intensificar las operaciones de las fuerzas del orden y no permitir que actúen impunemente amparados en la lejanía de las zonas donde operan o de la dificultad de las fuerzas del orden para intervenir.
En ese contexto, es positivo que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, haya asegurado la continuidad de las medidas contra este ilícito e incluso haya supervisado recientemente las operaciones de Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la frontera con el Ecuador. Tal actitud revela el interés del Ejecutivo por abordar un problema que ya está ocasionando dificultades ambientales, políticas y sociales.
Con decisión y recursos es posible erradicar a la minería ilegal y lograrlo exige que el gobierno continúe ejecutando las medidas contenidas en la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal, política que orienta la labor del Estado y que debe contar con el respaldo de todos los sectores. De cruzarnos de brazos y no hacer nada frente a un problema de esta magnitud, las consecuencias las pagaremos nosotros y las futuras generaciones del país.