Derecho
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
“El juez debe mantener mutis; eso [la presión mediática] jamás puede influenciar en su decisión”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la presión pública podría acelerar la resolución de un proceso, siempre que sea viable.
En todo caso, afirmó, los magistrados deben estar atentos para evitar errores que podrían cambiar la vida de las personas de manera irreversible. “Equivocarse en un proceso significa cambiarle la vida a una persona, para bien o para mal, y eso no puede suceder”, subrayó.
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, Vinatea resaltó el rol de la opinión pública como un mecanismo de control ciudadano, pero manifestó que los jueces deben concentrarse en hacer bien su trabajo. “La ciudadanía tiene derecho a controlar a sus autoridades, pero eso no me va a afectar como juez”, aseguró.
Carga
En cuanto a la carga judicial en la Corte Superior de Lima, el magistrado indicó que las áreas previsional, laboral y penal concentran la mayor cantidad de casos, no obstante, el trabajo que efectúa el Poder Judicial, por ejemplo, contra la delincuencia.
“El Poder Judicial cumple su labor, el problema es cuando al juez no le llega una investigación sólida. A veces, le echan la culpa, pero si no hay indicios suficientes de que una persona es responsable o no se determina su grado de responsabilidad ¿cómo lo proceso?, ¿cómo ordeno su detención?, eso pasa muchas veces”, advirtió.
Vinatea lamentó que, sin hacer un buen trabajo, se remitan los expedientes al magistrado y “eso no está bien”. “El juez no es un carcelero, no es un verdugo, es un hombre equilibrado, no puede ser demasiado riguroso porque caería en la arbitrariedad, pero sí puede ser severo. No es cuestión de ordenar la reclusión de alguien así porque sí”, refirió.
En este tema, el presidente de la Corte Superior de Lima recalcó la importancia de la labor del Ministerio Público en el proceso penal, pues es el actor principal, junto con la Policía Nacional del Perú, en la persecución del delito.
El magistrado expresó su preocupación porque las investigaciones incompletas retrasan los procesos. “Al juez le traen una investigación penal y él es el filtro. Si está incompleta, no pasa. Mire cuánto tiempo duran esos temas emblemáticos”, detalló.
“El juez tiene que ver que no se afecten los derechos de nadie, ni el debido proceso, tampoco el derecho de defensa, caso contrario devuelve el expediente”, enfatizó.
Oralidad
Vinatea manifestó también que la implementación de la oralidad trajo beneficios significativos a la Corte Superior de Justicia de Lima, pues este modelo permitió mayor celeridad en los procesos, al eliminar formalidades innecesarias y reducir el uso de papel.
No obstante, advirtió que la oralidad no es suficiente por sí sola y se debe complementar con tecnología avanzada, como la inteligencia artificial (IA).
Uno de los principales retos que mencionó fue la conectividad. “A veces falla el internet, lo que nos obliga a recurrir al teléfono celular para continuar las audiencias”, explicó.
El magistrado propuso soluciones como, por ejemplo, el internet satelital para garantizar la señal en todo el territorio peruano, incluso en zonas remotas, como la selva y los andes.
Vinatea vislumbra un futuro marcado por la modernización tecnológica y estructural de la Corte de Superior de Justicia Lima, que el 22 del presente mes cumplió 200 años de vida institucional.
“El camino es tener locales propios, adecuados a la actividad jurisdiccional”, indicó. Además, reafirmó la importancia de implementar la IA para optimizar recursos y redirigir al personal hacia tareas esenciales como la ejecución de sentencias.
El magistrado expresó que, aunque la inteligencia artificial pueda reemplazar ciertas ocupaciones, también generará nuevas oportunidades que permitirán a los trabajadores enfocarse en otras áreas cruciales del sistema judicial.
La capacitación también es un pilar clave en la marcha de este distrito judicial, aseguró. “Todos tenemos que prepararnos para este nuevo mundo. La institución debe encargarse de capacitar a jueces y trabajadores”, afirmó.
“Tenemos el privilegio de estar en los 200 años y el deseo de la institución es que toda esa experiencia acumulada sirva para potenciar el servicio a la población, seguir para adelante. Queremos acercarnos más a la ciudadanía y que mejore nuestra imagen, desde luego con las herramientas electrónicas creo que va a lograr; esperamos el apoyo del Ejecutivo y el Legislativo en esta tarea”, puntualizó.
Procesos sonados
A lo largo de su vida institucional y como el principal distrito judicial del país, la Corte Superior de Justicia de Lima atendió una serie de procesos emblemáticos que marcaron la historia judicial y política del Perú, ya sea por su relevancia legal, impacto social o trascendencia política.
Por ejemplo, el caso Fujimori-Montesinos (década de 2000) es uno de lo más sonados y se vinculan con los hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.
En el distrito judicial se desarrolló también el proceso del caso Utopía (2002), relacionado con el incendio en la discoteca Utopía, que causó la muerte de 29 jóvenes. La corte capitalina tuvo a su cargo varios procesos vinculados a las responsabilidades penales de los propietarios y administradores del local que se ubicaba en Surco.
En el caso Barrios Altos (2001), la corte participó en la ejecución de las sentencias relacionadas con esta masacre ocurrida en 1991, donde 15 personas fueron asesinadas por el Grupo Colina.
La opinión pública estuvo pendiente también del caso Ana Estrada (2021), ciudadana peruana que clamó por el derecho a una muerte digna. La corte resolvió a favor de Estrada, quien solicitó la posibilidad de acceder a una eutanasia asistida debido a una enfermedad degenerativa. El fallo marcó también un precedente en temas de derechos fundamentales y bioética en el Perú.