Opinión
Embajador de Rusia en el Perú
La revolución digital y la rápida penetración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todas las esferas de vida han creado la necesidad de proteger datos personales y contrarrestar el uso de las TIC con fines delictivos. La esfera de inteligencia artificial, que sigue evolucionando con rapidez, asimismo requiere una regulación estricta. Debido a estas circunstancias, existe una necesidad urgente de reducir la “brecha digital” entre los países desarrollados y los en desarrollo, así como garantizar el acceso de todos los estados al proceso de toma de decisiones en esta área.
La Federación de Rusia fue uno de los primeros países en tomar conciencia de los riesgos de la rápida digitalización y el uso nocivo de las TIC. Ya en 1998, en las Naciones Unidas, los representantes rusos expresaron por primera vez la necesidad de formar un régimen jurídico internacional en el ámbito de la seguridad de información. Guiada por estos enfoques y teniendo en cuenta los intereses de la mayoría mundial, Rusia, desde el principio, participó activamente en el proceso de desarrollo del Pacto para el Futuro y sus anexos, uno de los cuales es el Pacto Digital Mundial. No se logró llevar a cabo negociaciones plenas sobre el proyecto del documento, así como llegar a un texto de compromiso. Como resultado de la Cumbre del Futuro, celebrada en Nueva York en septiembre de este año, se adoptó un documento que solo tomó en cuenta parcialmente los deseos del mundo en desarrollo. Su principal defecto es que, en lugar de centrarse específicamente en las cuestiones de desarrollo, da a los “mil millones de oro” una palanca de presión sobre el Sur Global a través de cuestiones de derechos humanos y ONG, que países en desarrollo no pueden financiar, así como legitimiza los dictados de grandes IT-corporaciones.
Por estos motivos, Rusia se distanció del consenso sobre el Pacto de Futuro y el Pacto Digital Global, aunque no bloqueó su adopción.
No ideal, pero ejemplo ilustrativo de lo que debería ser un instrumento universal para regular la esfera digital es la Convención para contrarrestar el uso de las TIC con fines delictivos, que se ha elaborado durante cinco años en el Comité Ad Hoc de la ONU. El proyecto del documento fue propuesto por Rusia y fue desarrollado con la participación de representantes de más de 160 países, incluido el Perú. La diferencia fundamental entre este instrumento legal y el Convenio de Budapest contra el Cibercrimen, adoptado en el 2001 por el Consejo de Europa, es que el nuevo tratado prioriza la adhesión a los principios clave de la Carta de las Naciones Unidas: el respeto a la igualdad soberana de los Estados y la no interferencia en los asuntos internos (a diferencia de las posibilidades previstas en el documento europeo de realizar operaciones cibernéticas en el territorio de estados sin coordinación con ellos). La nueva Convención también actualiza el alcance de los delitos en el campo de las TIC de acuerdo con las realidades modernas. En el orden del día está la aprobación de la Convención en la sesión plenaria del 79º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y el pronto inicio del proceso de firma del documento. Redunda en nuestro interés común hacer realidad este hito y evitar su sabotaje.